La investigación en torno al trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio sigue en curso, y hasta el momento, un total de trece personas han sido procesadas penalmente por su presunta implicación en este crimen perpetrado al estilo sicariato. Tras 40 días de los 60 definidos para la instrucción fiscal, Christian Zurita, amigo y también periodista, quien reemplazó a Villavicencio en las elecciones del 20 de agosto, reconoce el desafío de descubrir a los autores intelectuales detrás de este acto violento.

Zurita ha destacado que la investigación ha revelado cuatro niveles o jerarquías en la planificación material del crimen, lo que sugiere un complot de gran envergadura. El principal desafío, según Zurita, radica en identificar a los autores intelectuales que estuvieron detrás de este acto atroz. Hasta el momento, se han procesado a siete personas adicionales desde el 8 de septiembre, además de las seis inicialmente detenidas. Estas trece personas representarían los cuatro niveles identificados en la fase material de la investigación.

La investigación de la Fiscalía ha revelado conexiones delictivas previas al asesinato entre los procesados y Jhojan David Castillo López, un colombiano fallecido al que se le atribuye ser el sicario que perpetró el asesinato de Villavicencio.

Patricio Carrillo, asambleísta electo y cercano a Villavicencio, ha instado a la Fiscalía a proporcionar hipótesis o teorías del caso. Carrillo considera que la motivación del asesinato es político-criminal y aboga por una mayor transparencia en la investigación.

Además, Carrillo ha expresado su preocupación por la falta de un informe interno por parte de la Policía que aclare cómo se planificó la seguridad no solo para Villavicencio, sino para todos los candidatos presidenciales. El legislador electo cree que podría haber errores o incluso omisiones dolosas de carácter penal en la planificación de la seguridad.

El ministro del Interior, Juan Zapata, ha indicado que existe un informe con la evaluación general de la orden de servicio ejecutada el 9 de agosto, pero que primero debe coordinar con la fiscal del caso antes de hacerlo público para no entorpecer la investigación.