Daniel Mendoza y René Tamayo, condenados por delincuencia organizada en el caso de malversación de fondos destinados a la construcción del hospital de Pedernales, han solicitado su liberación de la cárcel o el levantamiento del arresto domiciliario una vez cumplida su condena. Sin embargo, aún no se ha determinado el monto individualizado de la reparación integral que les corresponde.

El 12 de noviembre de 2020, un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia ordenó el pago de una reparación integral de $8 millones, que debe ser dividida entre los ocho condenados. Desde marzo de 2023, la sentencia por delincuencia organizada ha sido firme, ya que el Tribunal presidido por el juez nacional Byron Guillén rechazó los recursos de casación presentados por Mendoza y Tamayo.

En la resolución del Tribunal de Juicio que ordenó el pago solidario de la reparación integral, el juez Marco Rodríguez aclaró que el pago debe realizarse de acuerdo con los grados de participación (autor o cómplice), lo cual se determinará en la fase de ejecución.

Una vez que la sentencia por delincuencia organizada sea firme, el Tribunal de Ejecución de la causa se encargará de la fase de ejecución. En esta etapa, se individualizará y notificará el monto que cada condenado debe pagar.

Durante el proceso de casación, las defensas de Mendoza y Tamayo argumentaron que se violaba la norma en cuanto a la motivación de la reparación integral de $8 millones. La abogada del exasambleísta consideró que la motivación era insuficiente, mientras que la defensa del exfuncionario del Secob argumentó la inexistencia de motivación.

El Tribunal de Casación rechazó estos argumentos, explicando que los jueces de segunda instancia explicaron los hechos que respaldaron el monto de la reparación y proporcionaron los motivos por los que concluyeron que $8 millones era la cantidad a pagar.