El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 695 del 20 de marzo de 2023, limitó la capacidad de control de la Contraloría sobre entidades financieras, bancarias y compañías privadas que tienen recursos públicos.
En los cambios al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispuso que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributarias esté integrado con el 50 % o más recursos públicos, así como las compañías o sociedades mercantiles privadas y las compañías privadas de seguros, que tengan participación accionaria del Estado, estarán sometidas exclusivamente al control, vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respectivamente”.
A criterio del Partido Social Cristiano (PSC) es inexplicable que se limite la capacidad de control y supervisión de la Contraloría a la banca y que se designen a las Superintendencias como únicos entes de control.
Explican que "la potestad reglamentaria del presidente de la República tiene como límite que sus decretos no puedan cambiar el espíritu de la ley ni alterar su capacidad normativa y, mucho menos, reducir las competencias que la norma otorga a las instituciones públicas".
Ante ello, el PSC lamenta este "despropósito" que "menoscaba el Estado de Derecho" y rechazan todo "acto tendiente a debilitar la ya frágil institucionalidad del país".
