La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continuó con las comparecencias dentro del caso Balda. Los comisionados expresaron su rechazo por la nueva inasistencia de Carlos Baca, Paúl Pérez, ex fiscales de la Nación; Santiago Cuesta, exconsejero presidencial y Pablo Arosemena.

En su intervención, Pablo Romero expuso su versión de los hechos. Recordó que está privado de su libertad desde el 17 de febrero de 2020 y que fue inculpado sin un debido proceso, ya que el secuestro a Fernando Balda se habría efectuado después de dejar el servicio en la SENAIN.

Con relación a la intervención de Santiago Cuesta con su abogado, Enrique Santiago Romero indicó que nunca estuvo de acuerdo con la propuesta para que se inculpe a Rafael Correa, ya que no lo había conocido personalmente, ni llegó a tener contacto alguno con él, por lo tanto no podía culparle de algo que no le constaba y que tampoco se inculparía él mismo porque nunca participó en los hechos.

Dijo que se enteró por los medios de comunicación, en España, que sería procesado por el caso, pero que nunca recibió una notificación oficial, a pesar de haber registrado correctamente su información de residencia en ese país.

Recalcó que tampoco tuvo relación con Luis Chicaiza, cooperador eficaz en el caso, porque pertenecía a otra dependencia pública, como es la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene otra estructura y es autónoma, pues no se vinculaba al SENAIN.

Los abogados Juan Salazar, Jesús Caldera, Juan Falconí y Vicente Peralta coincidieron en que el Caso Balda fue juzgado en territorio colombiano y que por el principio de territorialidad, no puede ser retomado en Ecuador, si ya hubo una sentencia, en la que algunos procesados la cumplieron en ese país. Además, adujeron que el caso debía prescribir por el tiempo transcurrido.

A consideración de los juristas, el proceso en el caso Balda estuvo viciado, con intenciones políticas de dejar fuera de la palestra política al expresidente, Rafael Correa.

Por su parte, el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez dijo que "revisaremos a fondo el caso para transparentar la verdad dentro de un Estado de Derecho, para levantar el correcto informe de fiscalización".