El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple cuatro años al frente del país con altos niveles de popularidad, especialmente en lo que respecta a sus políticas de seguridad, según diversas encuestas como la realizada por Cid Gallup.
No obstante, tanto dentro como fuera del país, defensores de los Derechos Humanos cuestionan los métodos utilizados por Bukele, argumentando que violan los principios fundamentales de los Derechos Humanos.
En las calles, la gente destaca el trabajo realizado por el gobierno de Bukele en términos de seguridad, especialmente en la reducción de homicidios. José Cartagena, en una entrevista con CNN, expresó: "El gobierno está haciendo un trabajo excelente para el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios, nos sentimos más seguros que en el pasado".
Según las estadísticas oficiales, en 2018 El Salvador tenía una tasa de homicidios de 50,4 por cada 100.000 habitantes, la cual se redujo a 7,8 en 2022. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio esté cerca de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy.
El gobierno atribuye esta reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción, el cual ha estado en vigor desde finales de marzo de 2022 y ha sido prorrogado en 14 ocasiones. Esta medida suspende garantías constitucionales, como la ampliación del plazo de detención provisional de 72 horas a 15 días y la intervención de las comunicaciones sin la aprobación de un juez.
Familiares de detenidos han llevado a cabo marchas y otras acciones para denunciar capturas arbitrarias, alegando que no tienen vínculos con pandillas.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea, la cual está controlada por el partido de Bukele, como respuesta al aumento de violencia atribuido por el gobierno a las pandillas después de un día en el que se registraron 62 homicidios, siendo el día más violento durante la actual administración y en años anteriores. Después de estos sucesos, Bukele solicitó el voto a favor del régimen de excepción por parte de la Asamblea.
Desde que se implementó el régimen el 27 de marzo de 2022, las autoridades informan de la detención de más de 68.000 personas. De ellas, alrededor de 5.000 han sido liberadas por decisión judicial al determinar que no tienen vínculos con pandillas, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El gobierno ha proporcionado estas cifras a través de declaraciones de sus funcionarios y comunicados de prensa, pero no ha publicado un informe detallado sobre la evolución de las estadísticas delictivas o la situación de los detenidos.
Ante el aumento de detenidos, el gobierno construyó una megacárcel en las afueras de San Salvador con capacidad para 40.000 reclusos. Hasta ahora, solo 4.000 reos han sido trasladados a esa prisión.
