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¿El estado de excepción es una medida efectiva para apalear la inseguridad?

¿El estado de excepción es una medida efectiva para apalear la inseguridad? Destacado

 

Ecuador está a merced de la inseguridad, ¿cómo derrotarla?. Fue el análisis hecho este domingo por los generales (SP) Víctor Araus y José Luis Castillo, junto a la secretaria de Seguridad de Quito, Daniela Valarezo.

Araus, excomandante de la Policía en la zona 8, considera acertada la actuación del presidente, Guillermo Lasso, en impulsar la Ley de Defensa de la Fuerza Pública, ya que el Estado debe brindar fortaleza y seguridad a los uniformados.

Para Castillo, estratega militar, ante una crisis de inseguridad -como la actual- lo primero que se debe hacer es diseñar un plan de contención, para impedir que se incendie el país.

Explica que el numeral 30.1 del COIP respalda, únicamente, a los policías en el uso de la fuerza antidelincuencial, pero se necesitan reformas para brindar jurisdicción a los militares.

Señala que en los 60 días que dura el estado de excepción, el Estado debe tomar acciones importantes, como -por ejemplo,-fortalecer la inteligencia y revisar el marco legal sobre la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA). Y después, se deberá aplicar un plan de remediación y un plan de seguridad ciudadana y orden público. 

A juicio Valarezo, el decreto del estado de excepción fue “extemporáneo”; sin embargo, cree que la disposición dará un respiro a la Policía Nacional que está desbordada.

Aún así no considera correcto suponer que más militares en las calles solucionarían la agresividad de los delincuentes, ya que son otras políticas públicas lo que permitirán hacerlo y en ese sentido, piensa que se debe esperar el tiempo necesario para que estas políticas surjan efecto frente al desempleo y a la inseguridad.

"La militarización de las calles no puede ser permanente, porque se corre el riesgo de que se vulneren derechos, aunado a ello está que las FFAA no están formadas para combatir el delito permanentemente".

De igual forma, expresa que si la sociedad no está en pleno goce de sus derechos humanos, no se sentirá completamente segura. Insiste en que el Estado no puede dejar de lado las causas sociales que generan inseguridad.


El campo: prioridades y urgencias


Frontera, drogas, cárceles...


En otro orden de ideas, Víctor Araus explicó que Quito es una ciudad de almacenamiento de drogas temporal de las sustancias que entran al país por las fronteras. Ante ello, enfatiza que si las FFAA y la Policía coordinaran mejor, los controles serían efectivos.

La droga viaja 450 km por la vía E35 y la ruta del Spondilus hacia Guayaquil, entonces el éxito de la inteligencia antinarcóticos está en impedir el ingreso de estupefacientes, señala. A su juicio, la permeabilidad que tiene la frontera norte es la mayor debilidad del país.

Agrega que el apoyo técnico y de control de EEUU genera un factor de disuasión, ya que a los narcotraficantes les causa más temor cumplir su pena en ese país que su condena en sí; por lo que se debería trabajar en una reforma que permita extraditar a los narcotraficantes.

Por su parte, José Luis Castillo califica el acercamiento de Ecuador con EEUU como “excelente”; porque el país norteamericano es potencia en tecnología. Eso beneficiaría la interdicción de drogas, el control de las fronteras y la instalación de radares.

Y es que en la frontera norte se hace inteligencia humana, pero hace falta implementar tecnología, vías de acceso y corredores de movilidad, explicó al asegurar que además en Ecuador se puede implementar, sin reformas legales, el patrullaje de aviones no tripulados en territorio nacional.

Respecto al tema de las cárceles, el general Araus afirmó que mientras el Estado no asuma el verdadero control de las prisiones, siempre tendrá el tema como una debilidad. "El Estado debe retomar el control carcelario; existen modelos internacionales de centros penitenciarios privados con buenos resultados que podrían ser replicados".

En tanto, Daniela Valarezo coincidió en que el esquema actual del control de las cárceles y los estados de excepción no han dado los resultados esperados, porque el modelo de gestión penitenciaria no ha tenido continuidad. (PMB)

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