La falta de liquidez en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ha agravado en el año 2023, con pagos pendientes por parte del Gobierno que amenazan la sostenibilidad del Fondo de Pensiones. Según registros, el Estado debía abonar 2.190 millones de dólares al IESS para financiar el 40 % del valor de las pensiones destinadas a los jubilados del Instituto. Sin embargo, hasta la fecha de septiembre, solo se realizaron dos pagos parciales por un total de 338 millones de dólares, correspondientes a los meses de enero y febrero de este año.
Los pagos pendientes han ido acumulándose, alcanzando la alarmante cifra de 1.240 millones de dólares hasta septiembre de 2023. El Consejo Directivo del IESS ha manifestado su preocupación al respecto mediante un oficio fechado el 10 de agosto de 2023, dirigido al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. En el documento, se hace hincapié en que el Gobierno se comprometió a desembolsar 2.186 millones de dólares durante este año para garantizar el pago de las pensiones a los jubilados.
Ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno, el IESS se ha visto en la necesidad de "desinvertir" parte de los ahorros depositados en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Se retiraron 480 millones de dólares hasta septiembre de 2023, pero se prevé que si no se atienden los pagos pendientes, la entidad deberá utilizar más de 1.500 millones de dólares provenientes de sus reservas para cubrir las pensiones a lo largo de este año.
El Consejo Directivo del IESS ha alertado que esta situación podría tener consecuencias graves para la sostenibilidad del Fondo de Pensiones. En consecuencia, ha instado al ministro de Finanzas a buscar los mecanismos necesarios para transferir los valores pendientes, buscando salvaguardar la estabilidad y adecuado funcionamiento de las pensiones de los jubilados.
La demora en los pagos comprometidos representa un desafío adicional para el IESS en un contexto económico y social ya complicado, exigiendo acciones inmediatas y soluciones viables para garantizar el bienestar de los jubilados y la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
