La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que busca el desarrollo sostenible en el sistema de planificación integral; garantizar los derechos a favor de los habitantes de la Amazonía y la distribución justa de los recursos de los fondos de Desarrollo Sostenible y Común.

A través del proyecto se modifican 53 de los 69 artículos de la ley vigente. El desarrollo sostenible se enmarca en cuanto al sistema de planificación integral con organismos de administración y un brazo técnico (Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTA); intersectorialidad de temas encaminados al cumplimiento de los derechos de los habitantes de la circunscripción; sistema de empleo preferente y contratación de productos y servicios; sistema de financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Sostenible y Fondo Común.

Se incorpora el enfoque de género, prevención y erradicación de violencia contra la mujer, políticas de igualdades; en lo referente al desarrollo socioeconómico y productivo se establecen incentivos que impulsen actividades productivas; se fortalece el régimen laboral y la provisión de bienes y servicios para los habitantes de la Amazonía, a fin de disminuir el desempleo.

La normativa tiene por objeto regular la planificación y gestión para el desarrollo integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y deportivos, promoviendo la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas y la participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres.

Establece políticas, lineamientos y normativas especiales que garanticen la prevención y erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas y las brechas de desigualdades y exclusión, así como para el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Así mismo, el derecho a la educación de sus habitantes en todos los niveles, el patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad, la plurinacionalidad y el régimen de sanciones que permitan un modelo basado en los principios del Sumak Kawsay y desarrollo sostenible.

El proyecto de reforma se sustenta en los resultados del proceso de seguimiento y evaluación a la Ley Amazónica.