Proyecto de minería en Quimsacocha será sometido a una consulta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

ARENA 74f2f

Las intenciones de desarrollar el megaproyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, podrían derrumbarse por la consulta popular, que se realizará en la localidad de Quimsacocha, el próximo 24 de marzo.

Los habitantes de la localidad decidirán si dan paso a la extracción de oro en su territorio.
El pasado 1 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria y el plan operativo para que se desarrolle la consulta popular en el cantón Girón, junto con las elecciones seccionales.

En el cantón azuayo 5.363 electores están habilitados para sufragar y deberán responder a la pregunta ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables busca frenar este proceso, a través de un recurso interpuesto en la justicia, para que se revoque la convocatoria y sea la actual Corte Constitucional (CC) que decida sobre si efectúan la consulta.

De acuerdo a los argumentos de la Cámara de Minería de Ecuador, el llamado al referéndum debe ser hecho por la CC y debido a la destitución de los jueces en 2018, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo constitucional entró en una moratoria hasta la posesión de los nuevos magistrados, hecho que ocurrió el pasado 5 de febrero.

“Debido a esta moratoria, cualquier tipo de tema que le correspondía a la CC, incluso los plazos, estaban suspendidos.

Pese a eso, el CNE tomó el silencio de la Corte como una aceptación tácita de que la pregunta debe ser calificada y por ello procedió a aprobar la consulta”, señaló Santiago Yépez, presidente de la cámara.

El funcionario cuestionó que el CNE se atribuyó funciones que no le correspondían, lo que ocasiona un serio perjuicio a la imagen del país y a su seguridad jurídica.

En el otro extremo, Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari y candidato a la Prefectura de Azuay por Pachakutik, manifestó que la decisión del CNE se dio frente a la falta de gestión de la CC, que “dejó en el congelador” el pedido de consulta gestado por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón desde 2012.

Recordó que el actual Gobierno utilizó el silencio de la CC para desarrollar la consulta popular del 4 de febrero de 2018, una vez vencido el plazo que da la normativa a la CC para su pronunciamiento.

Destacó que la decisión de los habitantes de Girón será de acatamiento obligatorio para el Estado.

“Los ecuatorianos daremos el mensaje a las grandes multinacionales de que no queremos ser sus colinas. Si quieren ingresar a un territorio deben obtener, al menos, el consentimiento de las comunidades y cumplir con el mandato minero, algo que no cumplen”, enfatizó el líder indígena.

Inversión vs. derechos

Loma Larga fue adquirido por la empresa canadiense INV Metals en 2012. Con yacimientos estimados en 3,3 millones de onzas de oro, 22,7 millones de onzas de plata y 143,3 millones de onzas de cobre, es considerado uno de los proyectos más importantes para el Gobierno, en su afán de obtener recursos producto de la megaminería.

Para Santiago Yépez, la decisión del CNE es una “clara violación a la seguridad jurídica” que afecta no solo a la empresa, sino también al resto de comunidades del área de influencia y que apoyan la realización del proyecto, debido a la creación de plazas de trabajo y la dinamización de las cadenas productivas del sector.

Aceptó que hay “gran preocupación” en las empresas interesadas en invertir en el país, por lo que esta decisión es un revés a las intenciones del Gobierno de buscar recursos frescos.

Sin embargo, Yaku Pérez aseguró que el Gobierno no solo puede pensar en la seguridad jurídica, desde los bolsillos de los empresarios y las multinacionales, sino que debe enfocarse fundamentalmente en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza.

El monto que asignó el CNE al proceso de la consulta popular en el sector de Quimsacocha es de $ 10.000; $ 5.000 por la opción Sí y el mismo monto por el No. Según el calendario previsto por el organismo electoral, la campaña iniciaría el domingo 10 de febrero.


Pero aún resta que se evacue en la justicia un recurso interpuesto por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en una audiencia que fue convocada para el miércoles 13 de febrero.

Esta será una de las últimas cartas que se jugará el Ejecutivo para que la CC decida sobre la realización de la consulta popular. (El Telégrafo)

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.

 

Reciba nuestros titulares por correo electrónico.


¿Acepta HTML?

Síguenos en Twitter...