El Comercio de Quito

Tres medidas para evitar las fugas reemplazan al grillete

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Militares 74214

Cuatro meses luego de que el Ministerio de Justicia suspendiera el uso de los grilletes, el sistema judicial muestra cómo ahora los jueces recurren con frecuencia a tres medidas para que los procesados no huyan: la prohibición de salida del país, el registro periódico en un juzgado y la prisión preventiva, como última opción.

Estos dispositivos se colocaban a personas que no tenían condenas en firme, a los presos que obtenían la prelibertad tras cumplir el 60% de la pena o a quienes tenían arresto domiciliario. Además, se entregaba a las víctimas de violencia intrafamiliar, para que sus agresores no se acercaran.

Cuando eso ocurría, el aparato lanzaba una alerta y policías verificaban la emergencia.

¿Se volverá a usar este aparato? Personal de la actual Secretaría de Justicia dice desconocer el tema. Pero funcionarios que trabajaron hasta el 15 de noviembre en el desaparecido Ministerio de Justicia indicaron que sí se activará.

Hasta mediados del mes pasado se realizaban pruebas con el nuevo software, pues la suspensión se produjo por el cambio de la empresa que proveyó los brazaletes y la migración de datos de un sistema a otro.

Actualmente, de los 4 000 grilletes adquiridos, 2 909 funcionan y continúa el monitoreo desde las instalaciones del ECU-911. Otros 1 091 están inactivos hasta que termine la calibración tecnológica.

La disposición de no utilizar los aparatos hizo que en el caso de violencia intrafamiliar las afectadas solo reciban una boleta de auxilio, un documento que en marzo del 2017 fue desestimado por las autoridades por no frenar la violencia.
Ese año se reportaron asesinatos de mujeres que tenían en su poder este documento.

“No queremos que las boletas de auxilio sean una evidencia más cuando levantamos un cadáver, queremos que estas se ejecuten y que la Policía esté más cerca de la ciudadanía”, decía la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

El miércoles, Victoria salió de la Unidad Judicial del norte (Quito) con la boleta en mano.

Mientras leía empezó a llorar. En su oído derecho todavía tenía rastros de sangre. Tras 20 años de golpes, patadas, intentos de asfixia e insultos de su esposo ese día finalmente lo denunció por maltrato.

El director General de la Judicatura, Juan Vizueta, dice que a cambio del grillete las víctimas de violencia dentro de casa también pueden acceder al botón de pánico en las Unidades de Policía Comunitaria, que operan en los barrios.

Un chico de 15 años optó por ese sistema. Hace dos semanas denunció a su padre en la Fiscalía y lo acusó de agredirle con puñetes y patadas. El caso fue remitido a una Unidad Judicial Especializada de Quito y un juez también le otorgó una boleta de auxilio.

El ahorro para el Estado

En enero del 2016, cuando comenzaba la fase de piloto para usar los brazaletes, las autoridades decían que ya no se necesitaría policías para que vigilen a las personas que tienen arresto domiciliario.

Según cálculos a esa fecha, el Estado se ahorraría USD 10 diarios por cada uniformado desplegado.

Ahora, desde el Gobierno se indica que las personas que tienen arresto domiciliario, paralelamente eran resguardadas por policías. Es decir, los uniformados nunca dejaron ese trabajo, pese a los anuncios.

El Consejo de la Judicatura también confirma este dato. El tema está en manos de Ernesto Pazmiño, quien a mediado de noviembre fue nombrado Secretario de Justicia.

Cuando ejercía la Defensoría Pública indicó que poner en marcha los brazaletes representaba un “ahorro significativo” para el Estado.

Según Vizueta, hoy los dispositivos electrónicos no son indispensables, porque en el Código Penal (art. 522) se establecen seis medidas para que un procesado no se fugue.

Entre esas, precisamente están el no permitir la salida del país, presentarse ante una autoridad y la detención.

La prisión preventiva

Los jueces dicen que a raíz de que se suspendiera el uso del grillete aumentó la prisión preventiva. El juez Darwin Valencia advierte que los magistrados que trabajan en la Unidad Penal Valdivia emiten más orden de detención. Igual dice el juez penal Víctor López.

La Secretaría de Justicia indica que en agosto, cuando se suspendieron los dispositivos, 14 020 personas estaban recluidas en las cárceles del país luego de que los jueces emitieran prisión preventiva.

En septiembre, cuando ya no se usaban los grilletes eran 14 074 y en octubre bajó a 13 798.

Esta medida se adoptó el 7 de noviembre en contra de un joven que fue procesado por supuestamente robar USD 200 y un microondas. El ilícito habría ocurrido en un restaurante en el norte de Quito. La jueza Paulina Sarzosa dictó prisión.

En esa diligencia también estaba otro procesado. El hombre es quien supuestamente dispuso que se cometiera el robo. Para él, la magistrada ordenó la presentación semanal en la Fiscalía y la prohibición de salida del país.

Otro caso de prisión preventiva se registró 22 días después en la misma oficina judicial. La jueza Sarzosa dictó prisión contra cinco personas sospechosas de asociación ilícita.

Los cinco procesados supuestamente robaban las pertenencias de los pasajeros en la Ecovía. Los sospechosos cometían el ilícito cuando los pasajeros estaban descuidados o aprovechaban la aglomeración de personas dentro de este medio de transporte. Según la Fiscalía, pertenecían a una organización delictiva denominada Los Chamos.

Para Vizueta, esa figura legal debe ser utilizada únicamente cuando existe peligro de fuga.

Eso es lo que justamente consideró Sarzosa en sus fallos. “No es aceptable que se use la prisión preventiva de una forma indiscriminada”. El Director del CJ no descarta realizar un análisis sobre el uso que los jueces le han dado a ese recurso legal desde la suspensión de los grilletes. (El Comercio)

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