Judicatura ofreció disculpas públicas a ciudadanía por vulneración de sus derechos

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en nombre del Estado ecuatoriano, ofreció, este 9 de noviembre, disculpas públicas a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado en cumplimiento de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció vulneraciones a los derechos de la mencionada ciudadana a través del sistema de justicia.

Este evento se cumplió en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito, donde estuvieron los vocales del CJ, Aquiles Rigail, Angélica Porras, el director general de la institución, Juan Vizueta; la señora Portocarrero; delegados de varias instituciones, entre otros.

El doctor Rigail, en representación del Presidente del CJ, Marcelo Merlo, expresó que “el Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, reconoce su responsabilidad por los hechos que generaron la privación arbitraria de su libertad y ofrece sus sinceras disculpas a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado y a sus familiares”.

Daira Portocarrero fue detenida, en 2004, por la Policía Nacional por portar 98 gramos de cocaína. Fue procesada por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y luego del llamamiento a juicio, se ordenó su detención en firme.

En 2006, el ex Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de la detención en firme y la señora Portocarrero presentó un recurso de hábeas corpus ya que había transcurrido el plazo máximo legal establecido para su detención, sin embargo, éste fue negado. Ella apeló dicha resolución ante el ex Tribunal Constitucional sin respuesta favorable.

En mayo de 2008, la Corte Superior de Justicia de Quito la sentenció a 8 años de prisión y al pago de 80 salarios mínimos vitales como cómplice del delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El 14 de julio del mismo año, la Asamblea Constituyente aprobó la “Resolución para el Indulto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”. La defensa de la señora Portocarrero solicitó entonces la respectiva orden de excarcelación, la cual se emitió el 5 de agosto de 2008. Ella permaneció detenida bajo la figura de la “detención en firme” durante 26 meses.

El vocal Aquiles Rigail dijo que la Judicatura considera que en este caso el sistema de justicia violó derechos como el de la libertad, la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva. “Resaltamos su derecho a la honra y al buen nombre que fueron atropellados durante el tiempo que permaneció ilegalmente detenida”, agregó.

Asimismo, manifestó que el CJ se compromete a reparar integralmente a la señora Portocarrero por esos abusos y adoptar las medidas para que no se produzcan hechos similares. “El Consejo de la Judicatura dispondrá una investigación con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores judiciales que participaron en los hechos cometidos contra la señora Portocarrero”, aseveró.

De su parte, la vocal Angélica Porras entregó a la mencionada ciudadana la resolución 077A-2018 del Pleno del CJ que establece el acuerdo de cumplimiento del informe de la CIDH.

Estas disculpas públicas no solo tienen el objetivo de reconocer el error que cometió el sistema judicial, sino que es un llamado de atención a la sociedad ecuatoriana que permitió que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No son pocas las personas afectadas por el sistema de justicia”, acotó la Vocal.

En cambio para el doctor Vizueta estas disculpas evidencian el respeto que la Judicatura tiene por el Estado democrático, la Constitución y los convenios internacionales. “Esperamos que este acto permita enviar un mensaje claro a los operadores de justicia para que se respete la norma sobre privación de libertad. Que este llamado de atención al Estado sirva para que en Ecuador se termine la viveza criolla de ciertos jueces”, sostuvo.

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