Familiares de María José Ponce y Michelle Montenegro serán invitados a Comisión de Desaparecidos

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La Comisión que atiende los casos de personas desaparecidas decidió invitar para la próxima semana a los familiares de Michelle Montenegro, de 26 años de edad y María José Ponce, de 28 años de edad, cuyos paraderos se desconocen desde el 5 de junio y 23 de junio, respectivamente.

El asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la mesa, indicó que ya tuvo un primer contacto con los allegados de Michelle, tras señalar que es importante conocer cómo están las investigaciones, cuáles han sido las acciones de la Policía y la Fiscalía, entre otros puntos.

Además, la mesa recibió la información sobre la agenda de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del caso de desaparición de la ciudadana Nathaly Salazar, con nacionalidad ecuatoriana – española, quien desapareció en el Cusco, los primeros días de enero de 2018. La Cancillería y los miembros de la comisión se desplazarían a Perú del 16 al 20 de julio, donde harán un seguimiento del tema y mantendrán reuniones con la Embajada y Consulado de Ecuador en Lima.

También, dentro del cronograma se prevé dialogar con la Oficina de Asuntos Consulares, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el Gobierno Municipal del Cusco, la Junta de Fiscales, la Dirección Regional de Industria y Turismo, Servicio de Protección al Turista, División de Investigación Criminal, Comandante de la Policía del Cusco, la Policía Nacional de Alta Montaña, el Vicecónsul Honorario de España, entre otras autoridades.

Asambleísta por un día

María del Carmen Rodríguez, estudiante y representante de la Asociación Estudiantil de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, actuó como asambleísta por un día. Ella dijo que es gratificante intervenir en este espacio de participación ciudadana, tras expresar que llama la atención que solo en este año existan 200 personas desaparecidas, por lo que es fundamental definir una norma y políticas públicas adecuadas para enfrentar el problema.

Las acciones para las etapas posteriores a la desaparición son precarias y vulneran derechos, afectando el drama humano de los allegados, dijo.

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