Reglamento excluye a familiares de los desaparecidos

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MEDIDAS. Los plantones frente a la Plaza Grande es una de las medidas para hacerse escuchar.


No podrán estar en las veedurías y tendrán, como hasta ahora, que ver desde lejos cómo se llevan las investigaciones de sus casos.

A través del Decreto 1191, el presidente de la República, Lenín Moreno, expidió el reglamento a Ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Aunque era un documento esperado por los familiares de los desaparecidos para tener en claro algunos procedimientos a seguir en la investigación de los casos, los resultados les dejan inconformes.

En primer lugar, dicen, porque en ningún momento fueron consultados para elaborar el reglamento, como habían solicitado, tomando en cuenta que son ellos los que conocen las trabas que deben enfrentar para dar con sus seres queridos.

Y como segundo cuestionamiento, y quizá el más importante, aseguran, todo queda en manos del Estado y deja fuera a los familiares inclusive de participar de las veedurías. El artículo 6 del reglamento norma la actividad de las veedurías en las acciones de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas. Y menciona que deberán estar integradas por equipos de trabajo que no superen las tres personas, y que en ningún caso pueden ser víctimas indirectas (familiares) del caso objeto de la veeduría. El argumento que da el Ejecutivo con esta disposición es que así se cumplirá el principio de no revictimización.

Los cuestionamientos

Alexandra Córdova, madre de David Romo, joven desaparecido hace siete años y medio, asegura que el argumento oficial solo es un pretexto para impedir que los familiares vigilen la marcha de los procesos y las actuaciones de las autoridades.

“Presumo que no quieren que formemos parte de la veeduría porque sin vigilancia es más fácil pretender cerrar los casos con cualquier torcida investigación. La muestra es el caso de David. Que no haya alguien que les diga que están equivocados, que les diga cómo hacer, y por qué se les fue de las manos esta problemática en la que posiblemente estén involucrados servidores públicos”, manifestó.



Para Córdova, si un familiar se siente revictimizado puede nombrar a alguien que puede ser su defensa técnica, pero que debería ser consultado si desea o no integrar esa veeduría.

Por su parte, Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh, recordó que la lucha de los familiares ha sido la de integrar veedurías para verificar cómo se están tratando sus casos, tomando en cuenta que la comunicación entre fiscales e investigadores con los familiares no es la mejor. “No puede ser que se prohíba a los familiares de un caso que participen. Es más revictimizante para los familiares saber que hay tres personas trabajando en sus casos y que ellos no pueden ser parte”, manifestó.

Añadió que el reglamento, en este punto, no se compagina con el espíritu de la ley, ya que la necesidad de expedir una normativa fue buscar la participacion de los familiares de las personas desaparecidas. Participación que tampoco está prevista en los protocolos de atención y de búsqueda de personas desaparecidas.

Para Chiriboga y Córdova, la temática seguirá manejada exclusivamente por entidades del Gobierno por lo que significará seguir en las mismas circunstancias con las que se manejan ahora los casos. “Los problemas estructurales se van a mantener”, dijo Chiriboga.

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