Solo 60 inspectores revisan las afiliaciones al IESS en todo el país

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La tarea de controlar que los trabajadores bajo relación de dependencia estén debidamente afiliados está a cargo de 60 inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Solo en 10 provincias hay funcionarios fijos para esta función. Deben desplegar operativos en todo el país.

El número de inspectores resulta escaso si se compara con las 91 562 compañías activas registradas en la Superintendencia de Compañías. “No es lo ideal”, reconoció Carlos Torres, director Nacional de Afiliación del IESS en una entrevista con este Diario, el pasado 6 de febrero del 2020.

“No podemos hacer monitoreo de todos (los casos). Logísticamente es imposible, pero lo hacemos aleatoriamente. Este año visitaremos empresas que no fueron supervisadas el año anterior”, señala.

La limitada capacidad del personal para las inspecciones propende a que se cometan más ilegalidades, por parte de empleadores que no respetan los derechos de sus trabajadores, reflexionaron Franco Fernández y Paúl Cáceres, abogados laborales.

En momentos donde la informalidad supera al empleo adecuado, en el país se requiere que las instituciones ejerzan controles constantes y más rigurosos, dentro del marco de la ley, anotan los juristas. Pese al escenario adverso, Torres aseguró que el año pasado se hicieron 5 977 controles, lo que permitió regularizar a 40 345 trabajadores.

Se encontraron casos de evasión (cuando no se afilia al empleado) o subdeclaración (cuando se lo afilia, pero por un valor menor al percibido por el trabajador). 3 316 empleadores incurrieron en estas ilegalidades, causando perjuicios por USD 26 millones.

Además, 1 526 personas fueron afiliadas a la Seguridad Social, luego de presentar denuncias al IESS. Las pequeñas y medianas empresas son las que más incurren en faltas.

Se segmentan las supervisiones con base en un análisis de riesgo de evasión del empleador: alto, medio o bajo. El modelo se construye con información del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Trabajo.

​El primer indicio de que algo anda mal es la actitud a la defensiva, y a veces agresiva, que tienen los administradores o representantes de los negocios cuando ven a un funcionario del IESS ingresar a sus instalaciones, cuentan Jefferson Morales y Karina Ruiz, inspectores de afiliación.

Las personas que no facilitan los controles por lo general ocultan algo, describen Morales y Ruiz. Cada uno se ha topado con casos en donde, ante su inesperada visita, los propietarios o encargados obligan a los empleados a abandonar los establecimientos o los envían a esconderse, para que no se descubra que no están afiliados o que ni siquiera cuentan con un contrato laboral.

​Además, se han producido episodios de agresión o violencia contra los inspectores. El año pasado, recuerda Morales, uno de sus colegas fue retenido por más de una hora en una bodega; pudo salir de ahí con la ayuda del chofer que lo acompañó y lo esperaba en el estacionamiento.

En un operativo en el norte de Quito, Ruiz supervisó a los trabajadores de una tienda de ropa y artículos varios, quienes se mostraban inquietos ante sus preguntas.

Ella les solicitaba datos personales y laborales: nombre, edad, fecha de inicio de actividades, ingresos económicos (sueldo, horas extras, comisiones), afiliación, entre otros.

La información recabada luego es procesada junto con la documentación que debe entregar el empleador en un plazo de tres días, que se puede extender. Los inspectores cotejan los datos con los registros del SRI y del Ministerio de Trabajo, a fin de determinar si existen inconsistencias.

La tienda que revisó Ruiz funcionaba con tres números distintos de Registro Único de Contribuyente (RUC).

En situaciones como esa, hay la posibilidad de que se encuentre a trabajadores que no están afiliados en un RUC y se aboga (por parte del empleador) que pueden estar asegurados en cualquiera de los otros dos registros, comentó el Director de Afiliaciones.

“A veces puede ocurrir que un trabajador llega a cumplir un año en un RUC, luego lo obligan a renunciar y lo afilian a otro. Con eso evitan la acumulación de fondos de reserva y cesantía y se obvia la antigüedad laboral”, explicó Torres.

Durante los controles es común que algunos trabajadores asuman que por estar en período de prueba (de tres meses) no deben estar afiliados a la seguridad social o tener un contrato, cuentan los funcionarios. En ese momento se les informa que desde el primer día de labores deben estar protegidos obligatoriamente.

Las inspecciones se organizan anualmente, ya sea por oficio o por denuncias recibidas.

Según Torres, en el sector agrícola se han registrado numerosos casos de patrones que les dicen a sus trabajadores que no es necesario afiliarlos si están bajo el sistema de seguro social campesino. Si un trabajador en el sector rural está laborando bajo relación de dependencia no debería estar dentro del sistema de seguro social campesino. (El Comercio)

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