3.200 policías han sido sancionados desde el 2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sancion 2287a

La denuncia llegó el jueves en la mañana. Un policía que labora en Vinces, una ciudad de Los Ríos, no se presentó cuatro días a su trabajo. El informe sobre la ausencia llegó a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía y es investigado. Datos de ese departamento muestran que al menos cuatro denuncias diarias ingresan a esas oficinas, en Quito.

Las más frecuentes son deso­bedecer órdenes verbales o escritas, realizar actividades ajenas a su servicio mientras se encuentra en horario de trabajo, entre otras. El Código de Entidades de Seguridad (Coescop), que norma la disciplina de los uniformados, recoge 66 tipos entre faltas leves, graves y muy graves. Estas últimas llevan a una destitución.

Asuntos Internos no persigue delitos, pues esos procesos están a cargo de la Fiscalía. Internamente se observan las faltas administrativas que se violentaron. Por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar, la Fiscalía se encarga de investigar si hubo o no agresión contra su cónyugue. Mientras que la Dirección apunta a conocer si el policía estaba en horario de servicio, usaba distintivos o se movilizó en un vehículo institucional.

Desde el 2018, la Institución sancionó a 3 200 agentes por los tres tipos de faltas. De ellos, 215 fueron destituidos. El número de policías a escala nacional es de 50 000.

Las faltas muy graves están detalladas en 23 numerales y van desde ausentarse del trabajo por más de tres días, utilizar con conocimiento previo el equipo de dotación en mal estado o caducado, ocasionar la pérdida de evidencias relacionadas a labores técnicas, no informar la comisión de delitos o actos de corrupción institucional o vender el arma de dotación. También consta el agredir y acosar sexualmente a los subordinados.

Marcelo Valladolid, mayor de Policía y agente investigador de Asuntos Internos, que sustancia y sustenta la información dentro de un sumario administrativo, sabe que cuando reciben este tipo de quejas tienen hasta 90 días para investigar, pero en promedio lo despachan en 45. Las denuncias son analizadas por un equipo legal de uniformados con títulos de abogados.

En la Policía hay preocupación por los casos administrativos que se derivan de investigaciones penales contra sus miembros. Desde el 2018 se abrieron procesos internos luego de identificar la presunta participación de policías en al menos 16 delitos: evasión, robo, extorsión, concusión, homicidio, intimidación, narcotráfico, abuso de armas de fuego o el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios, entre otros.

El general Ramiro Ortega está a cargo de Asuntos Internos desde enero de este año, y señala que está en marcha un trabajo con la Fiscalía para que los casos de corrupción interna se investiguen con agentes fiscales asignados de las unidades de Transparencia y de Investigaciones de Delincuencia Organizada Transnacional.

Desde este año, además, están en funcionamiento cuatro unidades especializadas en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Machala, para investigar con Fiscalía y Policía Judicial a funcionarios policiales inmersos en actos delictivos. Ortega busca mayor eficacia y rapidez para evitar la impunidad.

En la Policía conocen que no en todos los casos investigados se llega a sanción. Por ejemplo, en febrero del 2019 se inició un expediente a 21 gendarmes que fueron señalados por tratar de ingresar armas, electrodomésticos, celulares y licores a la Penitenciaría de Guayaquil. La indagación se abrió en lo penal y en lo administrativo, pero fueron absueltos.

En ese año también se iniciaron acciones contra dos uniformados por el caso Carolina, una adolescente violada y asesinada en el 2018. Los policías fueron señalados por supuestamente haber realizado “informes infundados”.

Luego de haber recibido la sanción, apelaron y el proceso se desechó. Sin embargo, son investigados por la justicia ordinaria por fraude procesal al haber custodiado un CD, que el día del juicio no se reprodujo.

Ortega señaló que también hay casos en los que los uniformados son sobreseídos en la justicia penal, pero que sí son sancionados con la destitución tras un proceso interno.

Un caso que pone como ejemplo la Institución se registró el 2 de marzo del 2018, contra dos agentes que habrían usado material policial para cometer un robo. Ya no están en las filas policiales, pese a que se ratificó la inocencia en un juzgado de Quito.

Para que los policías cumplan el control disciplinario, el Director dijo que se han incrementado los recursos logísticos y de personal y se ha profundizado en la capacitación.

Pidió que la ciudadanía denuncie el mal comportamiento a través de la línea telefónica 1 800 Delito, en la página web, en las UPC u oficinas de Asuntos Internos en cada provincia. (El Comercio)

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, ingrese con su usuario y clave , o regístrese.

 

Columna Publicitaria


Reciba nuestros titulares por correo electrónico.


¿Acepta HTML?