Rechazos por reducción de presupuesto en prevención de embarazo adolescente y violencia de género

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"El Estado ha decidido no invertir nada en prevención de embarazo adolescente", dijo enfática Ana Cristina Vera, abogada, activista y directora ejecutiva de Surkuna. Ella, junto a dos expertos en salud sexual y reproductiva, denunciaron el recorte presupuestario para evitar el incremento de gestaciones en adolescentes y para la ejecución de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia Contra la Mujer.

En una rueda de prensa, que se desarrolló este martes 3 de diciembre del 2019, los activistas y expertos coincidieron en que es "muy grave" que se tomen estas decisiones. Las cifras habrían quedado así: el Ministerio de Salud tenía presupuestado para prevención de embarazo en adolescentes, USD 5,6 millones, pero en la proforma 2020 se redujo a cero.

"Nuestro país tiene tasas altas de embarazo; es más estas cifras han aumentado. Del 2002 al 2010 aumentó en un 78,1%. Las políticas de prevención no son efectivas", explicó Vera.

La directora de Surkuna, además, habló de la conexión de la violencia con la pobreza, debido a que tras un embarazo el plan de vida de las niñas y adolescentes se frena. "El círculo de pobreza se incrementa. El Gobierno debe dejar de usarnos como discurso. Si de verdad le importan las mujeres deben dar el presupuesto necesario para ellas".

Octavio Miranda es el Director del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador. Él alertó que 160 niñas dan a luz, a diario, y repiten el embarazo a los dos o tres años. También hay complicaciones como sangrados, abortos y otras patologías. ¿Qué estamos haciendo por ellas? se preguntó el experto en ginecología. "Tenemos un plan nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero no se lo ejecuta".

Las adolescentes tienen complicaciones más graves como la violencia y la pobreza, coincidió. Una de cada ocho ya ha sufrido violencia de algún tipo, por lo que se debe reducir esta problemática. "Pedimos que se respeten los presupuestos y el plan nacional".

Susana Guijarro, médica especialista en adolescentes, explicó que el Estado debe garantizar una atención oportuna para esa población. "Necesitamos que se garanticen derechos, ya que desde la adolescencia ya se define un plan de vida, a futuro".

Otro de los rubros que destacan es la reducción del 84% en el monto destinado para la aplicación de la Ley para Erradicar la Violencia. Pasará de USD 5,4 millones a USD 876 862, por lo que se pone en riesgo aspectos como el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Ellos se encargarían, entre otras acciones, de la consolidación de juntas cantonales para tratar temas de violencia y de la ejecución de medidas de protección.

Vera aseguró que no han tenido acercamientos con las autoridades para hablar sobre estos recortes. "Lamentablemente este tema se maneja de forma aislada. La elaboración del presupuesto no ha sido participativa. No hemos tenido respuestas sobre lo que pasará. Esperamos que el Ejecutivo revise estas observaciones".

En un estudio elaborado por el Ministerio de Salud, Senplades y un instituto mexicano se dice que se requiere USD 472 millones para trabajar en prevención de atención de lo que sucede en salud sexual y reproductiva, dijo. Además que invertir en este ámbito es 17 veces más barato que atender embarazos riesgosos en este grupo poblacional. (El Comercio)

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