Trabajadores reclaman por crisis de comisión legislativa

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Nuevamente la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea no alcanzó la tarde de este martes 10 de septiembre del 2019 el número mínimo de legisladores para sesionar.

La presidenta de la mesa, María José Carrión, de Alianza PAIS, invitó con anticipación a los representantes de los gremios más grandes del país. Sin embargo no tuvo el respaldo de sus colegas. Sin quorum y con evidente molestia de los representantes de los trabajadores, se solicitó la presencia del presidente de la Asamblea, César Litardo.

Su llegada no estaba en la agenda, por eso estuvo pocos minutos en la Comisión. Sin embargo, anunció que convocará a los sindicatos a una reunión en su despacho.

La Comisión de Derechos de los Trabajadores lleva más de 100 días sin una sola sesión. La mitad de sus integrantes, legisladores socialcristianos, de CREO y de Revolución Ciudadana, rechaza la presidencia de Carrión y la vicepresidencia de su coidearia, Karina Arteaga.

El Pleno de la Legislatura decidió que ambas lideran el equipo legislativo. Desde entonces, se produjo una ruptura que parece insalvable y que depende de la salida de la Presidenta.

Carrión ratificó que no renunciaría a su cargo. Ella está en funciones a pesar de que tiene una licencia maternal. Desde el otro grupo tampoco darán marcha atrás.

Manuel Muñoz, de la Confederación de Jubilados, aseguró que es la cuarta ocasión que se encuentra en la Comisión sin resultados. Él recalcó que los derechos de los trabajadores no pueden caer en el juego político que se vive en la Comisión.

Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, calificó como una “vergüenza” que la Comisión de los Trabajadores no se pueda reunir y dijo que esperaba que esta tarde ocurra una tregua para escuchar sus planteamientos.

Para el dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, lo que sucede en la Asamblea responde a intereses particulares ante la eminente reforma laboral que propone el Ejecutivo. Él recalcó que los sindicatos no permitirán que se afecten los derechos de los empleados. (El Telégrafo)

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