La destrucción institucional

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Por Alberto Dahik Garzozi

El progreso económico y social, la modernidad de una sociedad, la vigencia de los derechos humanos y la equidad distributiva no son viables en sociedades que no tienen seguridad jurídica e institucionalidad. Y lo está diciendo no un abogado, sino un economista, con una lectura suficientemente amplia de la historia económica de la humanidad, que ha recogido en ese trajinar académico y en el del quehacer público, toda la evidencia para hacer esta afirmación sin lugar a duda alguna.

La abyecta constitución de Montecristi, que envenenó la atmósfera social haciéndonos creer en nuestros muchos derechos y casi ningún deber, y que montó una estructura del Estado acomodada a un proyecto de poder vitalicio autoritario, se fundió en un abrazo sinérgico con la acción gubernativa de la FaRC (familia revolución ciudadana) para generar una destrucción de la institucionalidad en el Ecuador, como nunca antes se había visto en nuestro país desde el inicio de su vida republicana.

Y esa actitud no se quedó aislada en Carondelet y las altas dependencias del Estado sino que permeó hacia la sociedad, haciéndole a toda ella un daño casi irreparable, pues hasta entidades que jamás uno creería que pudieran atentar contra la institucionalidad, lo han hecho y lo están haciendo el día de hoy causando gran desconcierto.

Recientemente, la Corte Constitucional indica que no se puede repartir el dinero que no existe (explicación sencilla de un tema complejo) y que, por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el derecho de asignar los presupuestos de acuerdo con la realidad de los ingresos. En otras palabras, ninguna ley puede obligar a repartir recursos que el país no tiene.

Esto, que es una conducta lógica en una casa, en una empresa, en cualquier actividad de la vida, aparece como inaceptable para algunas de las universidades públicas del Ecuador, algunos de cuyos rectores y estudiantes cuestionan el pronunciamiento de la corte, lo desconocen y dicen que por “estar la corte al servicio del ejecutivo” no aceptan su decisión.

En el estado en el cual están las cosas en el Ecuador, si la corte hubiese fallado a contrario sensu, a lo mejor el ministerio habría dicho que desconoce el pronunciamiento, porque, y tal vez así lo habría argumentado “la corte está al servicio de las universidades”.

Pero no solo estamos entrando en el absurdo que aquellas instituciones, que son las custodias del saber y de la intelectualidad, no reconocen la institucionalidad del país, sino que, además, ellas se niegan a reflexionar sobre la realidad y sobre lo que esa realidad significa para ellas mismas. En otras palabras, en el primer lugar donde la institucionalidad y la reflexión debe existir, esas dos tesituras no existen.

¿Se han preguntado acaso si el modelo educativo que mantienen es viable? ¿Han planteado estas universidades opciones para ese modelo? Más aún, ¿hay intereses de política interna en las universidades para esta actitud?

Algunas de esas mismas universidades, corifeos de tesis perversas como el mantenimiento de los subsidios a los combustibles, y luchadoras por la vigencia de los mismos, han contribuido con su mal criterio académico en estos temas técnicos, a que la situación económica del día de hoy sea insostenible para ellos mismos, y, en vez de reflexionar sobre estas realidades y sobre cuál debe ser la solución viable para un nuevo modelo de educación, se grita que la decisión de la corte no se acepta, y que se saldrá a la calle a ganar de hecho lo que en las instituciones legítimas de derecho no se pudo obtener.

Vemos entonces los frutos, la cosecha de un período en el cual la voluntad del gobernante estaba por encima de la ley y de las instituciones. Esta realidad permeó hacia la sociedad, y en este caso a ciertas universidades, en las cuales sus directivos están actuando como he descrito, y sus alumnos, en vez de entender que las instituciones se respetan, que las realidades económicas son realidades concluyentes, aprenden más bien que hay que irrespetar las instituciones, que la realidad económica no importa y que el Estado tiene recursos infinitos y que es ese Estado el que está obligado a resolverlo todo, y luego, así formados, salen a la sociedad a debilitarla y contaminarla con tal mentalidad, y no a llevarla por la senda de la modernización y del progreso.

El Ecuador de hoy tiene las peores cifras de muchos años. La gravedad del problema era evidente en el año 2015. No se actuó. Hoy no se trata de desconocer a las instituciones, sino de entender que hay grandes temas sobre los cuales tenemos que tener acuerdos, pues de no ser así, nadie podrá resolver los problemas de esta patria. (O)

Fuente: El Universo

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