Lasso mantiene con firmeza su propuesta de consulta popular para enviar a la casa a las autoridades de control correístas

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Es firme en su propuesta de llamar a consulta popular. El candidato presidencial Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Suma, dijo que primero hay que ganar las elecciones y con un amplio margen, además de armar un plan de gobierno ya no partidista sino mucho más amplio que acoja la propuesta de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, y si en el camino nos encontramos con un escenario extremo de absoluta ingobernabilidad yo no descarto el llamado a una Constituyente.

"Nuestra propuesta, muy concreta, y no hemos cambiado de opinión, es llamar a una consulta popular bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución", para que el pueblo envíe a su casa al fiscal, contralor, procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para reemplazarlos por ecuatorianos probos, apostilló.

El pueblo ecuatoriano decidirá también sobre la reelección indefinida.

Consultado que la Constitución no permite hacer esa consulta popular para hacer una reestructura del Estado, Lasso explicó que lo que él propone es que los funcionarios correístas -respetando la estructura del Estado-, se vayan a su casa, porque no se puede gobernar con funcionarios gobiernistas que han estado ciegos, sordos y mudos durante 10 años.

En la consulta popular se planteará un régimen provisional de las autoridades de control y que sea la Asamblea Nacional los que los designe.

Ahora, lo primero es ganar las elecciones con un gran margen electoral para evitar el fraude y lograr un mandato político con fuerza.

Derogatoria de 14 impuestos

Un millón de empleos en cuatro años, ha sido el ancla que ha lanzado el candidato durante su campaña electoral. Esto va atado dice con la derogatoria de 14 impuestos, entre ellos la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 14 al 12 %, la eliminación total de las salvaguardias, más la eliminación de trámites costosos, estas tres medidas representan en su conjunto, aproximadamente, 3.000 millones de dólares que quedarán en los bolsillos de los ciudadanos. (Ecuavisa)

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