Proliferan instituciones para la lucha anticorrupción en Ecuador

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A las instituciones tradicionales que investigan los actos de corrupción en el sector público, como son la Fiscalía, la Contraloría y la Asamblea, ahora se suman otras que se crean desde el Estado con el mismo objetivo.

La última es la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, creada el pasado miércoles por el mandatario Lenín Moreno.

Aunque antes de la existencia de esta Secretaría, la Presidencia ya investigaba actos de corrupción, a través de la Subsecretaría de Acción Política, según declaró Iván Granda, que ahora es el nuevo secretario Anticorrupción.

La “cirugía mayor” a la corrupción fue una oferta de campaña de Moreno. A menos de un mes en funciones, declaró la lucha contra este mal como “política prioritaria” y creó el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El Frente fue integrado por nueve personas, cuatro eran altos funcionarios del régimen. Se disolvió a los cinco meses, entregó un informe de recomendaciones y no investigó ningún caso de corrupción.

Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) nace otra Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que “casos emblemáticos de corrupción”.

María Arboleda, extitular de este organismo, considera que debería desaparecer, porque “duplica” funciones y las duplica mal, a falta de recursos.

Del lado del Ejecutivo también está la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detecta operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas.

Todas estas instituciones estatales que se han conformado para investigar posibles actos de corrupción, incluidas la Contraloría y la Asamblea, están obligadas a entregar la información a la Fiscalía que, de acuerdo a la Constitución, es el organismo encargado de “dirigir la investigación preprocesal y procesal penal” y de organizar un “sistema integral especializado de investigación”.

Granda, Arboleda y la excoordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas, Martha Roldós, coinciden en que son necesarios cambios en la Fiscalía que es la institución que recepta las denuncias.

Granda señaló que en la Fiscalía hacen falta alrededor de 200 fiscales y la propuesta del Gobierno es tener fiscales anticorrupción que se encarguen directamente de los procesos que se investigan.

Roldós, quien fue asambleísta constituyente, expresa que pueden existir miles de organismos de lucha contra la corrupción, pero el “monopolio de la acción penal” está en la Fiscalía, cuya acción debería “repensarse”, porque ahora es como un “escudo”.

“Uno vive muy frustrado... es como que la Fiscalía, cada dos años, se acuerda de ciertos casos que van años con informes de Contraloría, cooperaciones eficaces o denuncias desde el periodismo, tienen un montón de denuncias ahí que no la procesan”, agregó Roldós.

Arboleda, que también es integrante de la Comisión Anticorrupción, sostiene que el país necesita de una reforma institucional en este ámbito y, en el caso de la Fiscalía, una “reforma urgente” porque no solamente es la falta de personal, sino su falta de actualización tecnológica que permitiría agilitar los procesos y también tener un área especializada en lucha contra la corrupción.

Para Germán Rodas, también integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, la creación de la Secretaría Anticorrupción demuestra que en el país no funcionan las instancias que deberían luchar contra la corrupción: Fiscalía, Corte de Justicia y Asamblea. (El Universo)

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