Diego García, exprocurador

Censurado 'procurador de la década saqueada'

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de 87 asambleístas, censuró la actuación del doctor Diego García Carrión, exprocurador General del Estado, dentro del juicio político propuesto por la asambleísta Mae Montaño Valencia, en virtud del incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley. Se registraron también 24 abstenciones.

Durante su intervención, la legisladora Mae Montaño reiteró sus acusaciones en el sentido que el exfuncionario que por 10 años permitió el abuso de los fondos públicos, incumplió con su obligación de defender los intereses del Estado y permitió el retorno de la empresa Odebrecht, que perjudicó al país. “Este es el juicio político del pueblo ecuatoriano al que le duele la corrupción”, dijo.

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Añadió que es necesario que el exprocurador responda ante el pueblo ecuatoriano por sus acciones y omisiones, mas no venir a la Asamblea para victimizarse por supuestas violaciones legales, cuando el trámite de juicio político en la Comisión de Fiscalización y Control Político cumplió con todas las garantías del debido proceso.

Mientras, Raúl Tello, en su condición de interpelante, cuestionó el uso de dinero público por parte del exprocurador para publicar, promocionar libros y películas de su autoría, así como para viajes, recepciones y demás actividades de carácter privado.

En el debate de la moción de censura participaron 10 legisladores, quienes destacaron la gestión fiscalizadora de la Asamblea Nacional, con un juicio político que, más allá de que se trata de un exfuncionario, resulta pertinente porque no solo se juzga el incumplimiento de funciones del doctor García, sino que sirvió para poner en el tapete de la discusión la gestión de la Procuraduría, en el patrocinio del Estado, tanto en Ecuador, cuanto a nivel internacional.

Los asambleístas cuestionaron que el exprocurador no se haya defendido de las acusaciones, sino que -más bien- haya pretendido deslegitimar un proceso desarrollado con absoluto apego a lo dispuesto en la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Indicaron, así mismo, que el doctor Diego García se preocupó más de ser un obsecuente servidor del Gobierno pasado, en lugar de defender los intereses del país en las actuaciones que le correspondían como abogado del Estado.

La resolución determina que del expediente de juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal y que, por tanto, la documentación se remita a la Fiscalía General del Estado, así como a la Contraloría para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

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