El Universo de Guayaquil

Reorganización institucional en Ecuador concluiría a finales de mes

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A finales de este mes concluyen los 90 días que las autoridades de Gobierno se impusieron para terminar el proceso de “optimización institucional” del Estado que contempla la fusión, supresión o absorción de ministerios y secretarías.

La nueva estructura institucional anunciada por Lenín Moreno no se inició con el Decreto Ejecutivo 491 de “optimización institucional”, vigente desde el 23 de agosto pasado, sino desde los primeros días de mandato y, tras año y medio, ya son 30 para conseguir este fin.

Los primeros cambios se encaminaron a reducir el tamaño del Estado y la acción más significativa fue la eliminación de los seis ministerios coordinadores y secretarías como la del Buen Vivir.

A la par, el Gobierno fusionó secretarías como la de la Administración Pública con la General de la Presidencia, eliminó la Secretaría Antidrogas y redistribuyó sus funciones entre el Ministerio de Salud y el del Interior, y creó instituciones como la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.

En este tercer momento se pretende reducir a 20 el número de instituciones entre ministerios y secretarías y ahorrar $ 62 millones al año.

De los planes iniciales ya se realizó la fusión del Ministerio de Comercio y el de Productividad, el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua, y en el caso de la Secretaría de Riesgos fue convertida en un Servicio.


En el Ministerio de Justicia falta el decreto para su eliminación. La Secretaría Nacional de Comunicación se convirtió en Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Falta la fusión del Servicio de Rentas Internas (SRI) con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

El exsecretario de Planificación Andrés Mideros, que estuvo hasta mayo de este año en el Gobierno, considera que está bien pensar en la optimización del Estado, revisando los procesos en los cuales se puede ser más eficiente.

Sin embargo, hay que considerar la situación económica y social que vive el país: no se puede sacar del empleo público a miles de personas sin que exista una respuesta del sector privado para poder generar empleo adecuado, “porque el efecto sería muy complejo”.

Según el exministro Francisco Huerta, pese a estas medidas no existe un nivel de confianza en el Gobierno porque hay promesas presidenciales que aún no se concretan, como la reforma a la Ley de Comunicación. (El Universo)

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