Judicatura instala mesa de trabajo con perjudicados de aplicación del error inexcusable

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Judicatura con jueces destituidos 635ce

Este 8 de noviembre, se instaló en Quito la Mesa de trabajo de perjudicados por la aplicación del error inexcusable. Al evento asistieron los exfuncionarios judiciales que fueron separados de sus cargos por administraciones anteriores.

Esta instancia surgió a través de la Resolución 094A-2018, del Consejo de la Judicatura (CJ) que dispone la creación de la mesa de trabajo que conocerá “los casos de exservidores judiciales injustamente destituidos por esta institución”.

Según el documento, esta mesa se enfocará, “en primera instancia en la figura de error inexcusable” y luego en otras aplicadas arbitrariamente desde el año 2007.

En su discurso, durante la instalación de esta Mesa, el Presidente del CJ, Marcelo Merlo, afirmó que este es el inicio de la reparación integral a los operadores de justicia que fueron injustamente destituidos de sus cargos.

“No solo se trata del tema económico (…) se trata de un daño moral y psicológico que afectó a la familia, que no se puede resarcir ni con miles de millones de dólares, porque es una afectación a los Derechos Humanos ”.

El titular del CJ señaló que este proceso debe ser debidamente sistematizado, documentado y transparente, para que todos los casos que se traten en estos espacios sean correctamente valorados, a efectos de que el documento final sirva para las reparaciones pertinentes.

El doctor Merlo indicó que esta gestión tendrá el acompañamiento de organizaciones internacionales, “para que no quede duda de la justicia de la reparación a todos ustedes”.

Por su parte, el vocal Aquiles Rigail, quien está a cargo de la implementación de la mesa de trabajo, criticó la forma en que fueron separados de sus cargos los exservidores judiciales y afirmó que la justicia debe ser reparada permitiendo que los afectados se reintegren a sus funciones.

El CJ considera que es necesario identificar los comportamientos administrativos y judiciales; y, determinar si fueron utilizados como instrumentos de sanción injusta a los exfuncionarios.

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