Villamar: 'No puede ser solo el escándalo de la semana, debe depurar la Asamblea'

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 Fabricio Villamar a6ce9

El legislador Fabricio Villamar recopiló hasta 23 casos de colegas que exigían pagos a sus colaboradores por darles trabajo y mantenerles en el puesto.

Las voces de denuncia se han extendido también a las instituciones en un asunto que ha sorprendido a pocos, pero incomodado a muchos.

- Si era un secreto a voces desde hace años, ¿por qué no se destapó antes?

- Esa es la primera preocupación. Si esta práctica lleva años, por qué gente que ha estado varios periodos en la Asamblea no lo denunció. La segunda preocupación: esto inicia con un examen de la Contraloría a los funcionarios; está bien que auditen a los funcionarios, pero ¿y a los asambleístas cuándo? Ahí surge este tema que se decía en los pasillos pero nadie se atrevía a soltarlo. Es un tema que llevábamos trabajando con mis asesores en mi despacho porque ya lo habíamos oído. Creo que es un buen elemento en términos de transparencia, pero evidentemente causó un remezón político.

- ¿Reaccionaron mal con usted sus compañeros del Legislativo?

- Los que nada tienen que temer, están contentos y dando apoyo. Hay otros que, en cambio, evidentemente se sienten incómodos.

- ¿Quiénes están incómodos?

- ¿Qué te diré? Hay algunos a los que ahora, misteriosamente, les cuesta hasta saludar. Pero ese es el trabajo. La ciudadanía nos manda a nosotros fiscalizar. Lo mínimo que podemos hacer es que el órgano de fiscalización esté limpio.

- ¿No se puede saber quiénes son? ¿Quiénes son los 23 asambleístas de los que usted tiene conocimiento que han incurrido en esta práctica?

- Muchos de estos nombres están ya circulando en redes sociales. Pero yo creo que la determinación de quiénes pueden estar implicados en estos casos debe salir de un proceso legal. Hay que cuidar algunas cosas. Lo que se han recibido son indicios, de gente de la actual legislatura y de la anterior. Y es importante garantizar algunos preceptos que son necesarios para evitar injusticias. El primero, la presunción de inocencia. Por más que yo tenga esos indicios, no podría decirte quiénes son culpables. Lo que sí puedo decir es que hay casos de esta legislatura y de la anterior, algunos son bien fuertes y ya están judicializados. Que hubiera uno solo, ya es grave.

- ¿Le han increpado sus colegas por destapar una asunto que puede afectar a la credibilidad de la Asamblea, siendo la institución que menos confianza despierta en los ciudadanos, según han recogido repetidamente las encuestas de opinión?

- Es que ese es precisamente el objetivo. Es un caso en el que no todos están implicados. Pero esta investigación debería permitir separar a los malos asambleístas de los que están cumpliendo bien su trabajo. Si bien es un proceso vergonzante, es necesario para depurar a la Asamblea. Para garantizar a los ecuatorianos que solo se quedan los que no tienen tacha.

- Sin embargo, en la resolución de la semana pasada se hacía hincapié en el deterioro que podría generar a la imagen de la institución...

- Siempre hubiera sido deseable que este fuera un proceso de autodepuración. La semana anterior, el CAL (Consejo de Administración Legislativa) presentó un proyecto de resolución, que fue votado, en donde el primer artículo habla de la protección del buen nombre de la Asamblea.

Mi crítica es que el buen nombre no lo consigues con una resolución, sino con acciones que te hagan confiable de cara al ciudadano. Además, esa resolución dice ‘el que tenga pruebas que las presente’. Es el mismo discurso de los correístas.

- Si no se puede saber quiénes son esos 23 que exigían los llamados ‘diezmos’, ¿cuántos afectados hay?

- Tantos como casos.

- O sea, ¿23? Pero cada legislador tiene varios colaboradores...

- Sí, pero no necesariamente todos los afectados van a denunciar. Por eso fue que, como yo tengo inmunidad parlamentaria sobre mis opiniones y mis votos, ofrecí a estas personas que si ellos no quieren hacerlo público, yo sí puedo.

Las leyes, como las pusieron con la mayoría de PAIS, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los reglamentos internos que crearon están hechos para protegerse y evidentemente dificultan una acción interna desde la Asamblea y por eso toca recurrir a la Justicia. Todo tiene que ser probado y ahora es el momento oportuno para iniciar una investigación. Estamos en un momento de transición.

- ¿Este tipo de comportamientos en las instituciones públicas no han cesado con el cambio de Gobierno?

- Como se ha visto, tenemos un nuevo presidente y hay nuevos casos. Creo que es por esa sensación de que se ha venido haciendo desde hace años y sin que haya pasado nada. Pero es un momento de transición y hay que mirar también hacia las otras instituciones, donde la exacción (exigencia de pagos) se exigía bajo pretexto de conseguir plata para la organización política.

Ahí, la Fiscalía, la Contraloría y los órganos que pueden hacer esas revisiones, deben fijar si ese dinero llegó a las cuentas del partido y si el pago fue voluntario.

- ¿Cómo se puede averiguar si era voluntario si el funcionario no denuncia que no lo era?

- Siempre puedes hacer un cruce con la lista de afiliados a la organización o no. También hay que revisar las cuentas del partido. Tenemos evidencias de estas prácticas en el Secap (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) y grabaciones de estos cobros en CNT. También en los municipios.

- ¿Qué ocurre si, como ya está pasando, algunas denuncias se echan para atrás? ¿Qué imagen queda si los funcionarios llegan a acuerdos con quienes les exigían pagos para retirar la denuncia?

- Las denuncias podrán echarse para atrás, pero ahí están las evidencias. Por eso, es importante una investigación profunda por parte de las autoridades.

- ¿No caerá este asunto en el olvido entre tantas revelaciones?

- Esto no puede ser solo el escándalo de la semana que se olvida con el escándalo de la próxima semana. Esto debe forzar un proceso de depuración en la Asamblea. También en las instituciones. Podemos hacer algo o podemos no hacer nada. A partir de ahí, los ciudadanos pueden individualizar su credibilidad en los legisladores.

- En ese sentido, ¿no sería conveniente que los movimientos políticos -hay denuncias en PAIS, CREO, PSC y BIN- hagan un pronunciamiento explícito?

- Sí, es necesario un pronunciamiento de todos los bloques, eso podrá medirse la próxima semana si se retoma el asunto en la Asamblea. Mi grupo resolvió respaldar las denuncias y así se pronunció el presidente nacional del movimiento. (Expreso)

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