Diario Hoy de Quito

Código Penal: el activismo digital contra el artículo 474

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Se contrapone a una norma de la ONU que consagra la privacidad digital

Tres comunidades virtuales lideran un intenso debate que rinde sus primeros frutos. En el oficialismo se suman voces de reparo al texto. Incluso María Augusta Calle habló de su eliminación.

Las comunidades virtuales lograron uno de sus primeros triunfos preliminares en Ecuador.

Aunque generaron menos titulares y reacciones que la penalización de la mala práctica profesional o del aborto, instalaron en el debate del Código Integral Penal (COIP) el tema de la privacidad en Internet.

Y más que eso, lograron que el bloque gobiernista de Alianza País (AP) anunciara cambios en el artículo 474.

El debate empezó en agosto, luego de que Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, solicitara que las injurias en las redes sociales fueran tipificadas como delito en el COIP.

Según Alfredo Velazco, del colectivo Usuarios Digitales, el anuncio de Mera  alertó a los internatutas. De inmediato, ellos solicitaron reuniones con el legislador oficialista Mauro Andino, que preside la Comisión de Justicia, a fin de conocer más detalles sobre las regulaciones propuestas para Internet. No tuvieron respuesta.

Entonces optaron por analizar el borrador del proyecto de ley y concluyeron que el artículo 474 supone varias amenazas.

Los aspectos que más preocupan son, por ejemplo, que se obliga a que los proveedores de Internet tengan un registro de las personas que acceden a las redes a través de sus direcciones IP, los datos sobre el tráfico de conexión, el acceso a transacciones y otro tipo de información privada.

El artículo también dispone que quienes compartan su conexión lleven un registro documental y en video de las personas que usan sus redes.

Ante tales disposiciones, miembros de Usuarios Digitales, de la Asociación de Software Libre del Ecuador y de Apertura Radical, formaron un frente y empezaron exigir la eliminación del polémico artículo.

Según Rafael Bonifaz, de la Asociación de Software Libre del Ecuador, eso genera  riesgos, ya que pone  información personal que puede ser usada maliciosamente.

Él advierte que los datos de los internautas almacenados por los proveedores, como su comportamiento, las páginas que prefiere o desde dónde lo hacen, podrían ser usados por organizaciones, individuos o gobiernos, lo cual podría generar autocensura, encarecer el costo de las operadoras y las tarifas para usuarios.

Con esos argumentos sobre la vulnerabilidad a la que quedarían expuestos las personas que interactúan a través de las redes sociales, los activistas de los tres colectivos empezaron una campaña para alertar sobre las amenazas que esas regulaciones suponen para la privacidad.

El debate se intensificó cuando la Asamblea aprobó el COIP y, a semana seguida, el presidente Rafael Correa abrió la posibilidad de modificar el articulado, tras las reacciones contra la penalización de la mala práctica profesional, en particular la médica.

Entonces, los activistas online multiplicaron los contactos con asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición, a quienes advirtieron que el artículo 474 representa un atentado a la privacidad y que podría ser usado peligrosamente.

El grupo logró adhesiones, entre otros, de Ramiro Aguilar (Suma), Mae Montaño y Wilson Chicaiza, legisladores por el movimiento CREO; de las oficialistas Calle y Marisol Peñafiel, y también de Moisés Tacle (PSC/MG).

El debate coincidió con las declaraciones de Richard Stallman, considerado el padre del software libre, contra del almacenamiento de datos y la vigilancia de los ciudadanos.

Tras el impacto de su debate, impulsado a través del hashtag #InternetLibre, representantes del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Fiscalía General les dieron audiencia y escucharon sus temores.

Otro argumento a su favor fue el hecho de que, el pasado 20 de noviembre, Ecuador firmó una resolución de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Esta establece que la vigilancia e interceptación de datos por parte de gobiernos y compañías es considerada un abuso o una violación de los derechos humanos.

La resolución fue impulsada por Alemania y Brasil, tras los escándalos desatados por las operaciones de espionaje de Estados Unidos, que fueron revelados por el extécnico de la CIA, Edward Snowden.

Eso dio más sustento a los argumentos de los colectivos que continuaron captando más adhesiones y teniendo más eco en las redes sociales. Solo en noviembre, #InternetLibre, alcanzó más de 3 500 referencias, según estadísticas del sitio www.topsy.com.

Entre ellas hay menciones a las cuentas de Twitter de asambleístascon sus posturas sobre el tema.

Además, a través de Facebook, Usuarios Digitales alienta la discusión enviando resúmenes de las adhesiones a periodistas y usuarios influyentes para que el 474 sea dado de baja. El primer paso lo dio María Augusta Calle. Falta ver si su anuncio se concreta.

El 474 es un ‘nudo crítico’ para ciertos sectores de PAíS

“Bloque de PAIS decide eliminar artículo 474 del COIP. Coherencia política e ideológica primó”.

Con ese tuit, el viernes pasado, la asambleísta María Augusta Calle dijo que la bancada gobiernista, tras un debate, decidió eliminar ese texto.

De ser así, sería otro de los pocos temas del Código Penal ante el cual el oficialismo da marcha atrás para escuchar a las voces cuidadanas que se expresan a través de las redes sociales.

 Los miembros de los colectivos Usuarios Digitales, la Asociación de Software Libre del Ecuador y Apertura Radical, replicaron de inmediato la buena nueva dada por la asambleísta Calle.

Para Alfredo Velazco, miembro de Usuarios Digitales, con el anuncio de María Augusta Calle el panorama cambia parcialmente. “Los miembros del colectivo #InternetLibre estaremos atentos a la publicación de las modificaciones y la eliminación (del artículo) del borrador que se presentará en la Asamblea Nacional”.

La idea -agrega- es que el Código Penal conserve el espíritu garantista de los derechos ciudadanos y colectivos y esto se extienda al entorno digital.

El anuncio de Calle se hizo, nueve días después del primer éxito que celebraron estos colectivos: la firma de la adhesión de Ecuador a la resolución de las Naciones Unidas que hace referencia al derecho a la privacidad.

Esa adhesión fue clave en la discusión que mantuvo el bloque de Alianza País, el viernes pasado.

El asambleísta Diego Vintimilla confirmó el anuncio de María Augusta Calle y señaló que esa resolución de la ONU fue la base para el análisis de lo que se haría con el artículo 474 del Código Penal. Vintimilla dijo, además, que la acción de las comunidades digitales fue determinante en el debate.

Otros asambleístas del oficialismo, como Virgilio Hernández y Ximena Ponce, también coinciden con los riesgos que supondría la aplicación del artículo observado. “Es un nudo crítico”, escribió el asambleísta en su cuenta de Twitter, durante el taller oficialista sobre el Código Orgánico Integral Penal. “Algunos planteamos su eliminación”.

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