Judicatura investiga construcción de escaleras de emergencias del Complejo Florida Norte

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Lunes 9 de julio de 2018, 13:14. Un temblor de 5,2 grados en la escala de Richter sacude la zona sur de la provincia del Guayas y se siente con fuerza en la ciudad de Guayaquil. Mariana está en el cuarto piso de una de las doce torres de la Unidad Judicial N° 2 de la Florida Norte y no sabe qué hacer. Escapar por el ascensor no es recomendable. Bajar por las escaleras laterales podría ser una opción. Huir por las escaleras de emergencia resulta imposible.

Sí, imposible. Las doce escaleras de emergencia que fueron construidas a un costado de cada uno de los edificios que forman parte del complejo judicial más grande del país no conducen a ningún lado. De hecho, no tienen ninguna conexión directa con las edificaciones, donde están los diferentes juzgados y donde cientos de usuarios concurren a diario.

Se trata de ‘elefantes blancos’ que, desde su construcción, están como adorno y sin cumplir la función para la cual fueron creadas: como acceso de evacuación en caso de alguna emergencia por eventos naturales o humanos, como lo establece el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos para la construcción de edificios de más de cuatro pisos y con más de 25 personas albergadas.

La estructura de acero está construida a un costado de cada torre, con aproximadamente un metro de distancia. Solo se conecta en la parte alta de su techado a la terraza de cada bloque. A simple vista parece una parte más de su ornamento.

La obra es una raya más al tigre que el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) está observando en las infraestructuras judiciales y que ha derivado una nueva investigación por las presuntas irregularidades que se han detectado en el manejo administrativo de la justicia.

“Estamos investigando primero puerta adentro la contratación pública que se hizo para la construcción de la Unidad 2 y, por supuesto, para las escaleras que, como ha mencionado, ni siquiera tienen un acceso directo en cada piso; o sea, es un ‘elefante’ inservible hasta el momento”, manifiesta Zobeida Aragundi, vocal de la Judicatura.

Una obra antitécnica, califica el arquitecto Luis Valero, máster en administración de empresas e inmobiliarias, quien explica que todo piso de un edificio tiene que estar conectado a la escalera de emergencia.

Por norma nacional (Ley de Defensa Contra Incendios), señala el experto, estas escalerillas de escape deben estar ubicadas de manera estratégica; y, dependiendo los metros cuadrados de construcción de la obra y la cantidad de personas que habitan o concurren, se ubican una o más.

El artículo 53 de la referida Ley (modificada en 2009) dispone que las municipalidades del país no podrán aprobar los planos de establecimientos industriales, fabriles, de concentración de público y de edificaciones de más de cuatro pisos, sin haber obtenido previamente el visto bueno del Cuerpo de Bomberos de la respectiva localidad en cuanto a prevención y seguridad contra incendios.

Añade que, si una vez concluida la edificación, esta no guardare conformidad con los planos aprobados en cuanto a prevención y seguridad contra incendios, el nombrado jefe de los bomberos exigirá el inmediato cumplimiento de las medidas preventivas, previamente a la ocupación de tal edificación. Si bien, existe una escalera interna en cada torre, no reúnen las condiciones para una evacuación.

El Reglamento de Prevención de Incendios, expedido por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, determina que toda escalera considerada como vía de evacuación estará provista de iluminación de emergencia y puertas cortafuego, cuya resistencia a las llamas será como mínimo de 30 minutos y estará en función de la altura del edificio y el período de evacuación.

El actual CJT quiere ir más allá de la investigación interna por las escaleras. Está pidiendo a la Contraloría General del Estado una auditoría especial a todo el complejo de la Florida, con 82.331,08 metros cuadrados de construcción: 62.665,05 m2 en edificios; y 19.666,03 m2 de parqueos.

A decir de Aragundi, la estructura está colapsando. “Tenemos quejas de los servidores judiciales de esta unidad, respecto de los servicios higiénicos que ya no sirven y que hay días que se quedan sin agua. Que hay paredes agrietadas, filtraciones de agua, y estos son problemas de estructura de la edificación que son responsabilidad del constructor original”.

Lo asienta en el Código Civil que determina que el constructor de una edificación es responsable por su estructura hasta después de diez años de entregada la obra. “Así que tendrán que responder por esta falla estructural los constructores que fueron seleccionados o designados para la obra de la Unidad 2”.

A esas irregularidades se suman otras denuncia: las plantas de electricidad instaladas a un costado de cada edificio y de las que se conoce, solo funciona una.

La funcionaria revela que la Judicatura ha pedido una reunión con el contralor general del Estado para conocer de los informes especiales que emitió la entidad, con responsabilidad penal en contra de funcionarios públicos, en el manejo de la cosa pública.

“Muchos de estos informes... han sido rechazados en el sistema judicial, han sido archivados en etapa de investigación, muchos sin siquiera investigar”, dice Aragundi.

Con esos informes se busca analizar la conducta de los fiscales y jueces que actuaron en esos casos, más aún, de aquellos documentos que se elaboraron en la época del excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia.

Un archivo con plagas

Pero las presuntas irregularidades detectadas en las infraestructuras judiciales no son las únicas. El pasado 30 de julio, el director general del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta; y la vocal Zobeida Aragundi denunciaron ante el fiscal provincial de Guayas, Edmundo Briones, y en la Contraloría, presuntos actos de corrupción que habrían ocurrido en los complejos judiciales de Guayaquil Norte y Sur; y en el Archivo Pasivo.

Según los informes que mencionaron los directivos, existiría un perjuicio para la Función Judicial superior a los 400 mil dólares.

Entre eso, se mencionó el alquiler de bodegas para guardar el archivo pasivo de la Corte Provincial, cuyo pago mensual era de 17.500 dólares más IVA. Un informe de la Contraloría establece que por ese servicio no debió pagarse más de $ 3.000.

Pero además, un proyecto elaborado en mayo de este año para la creación del Archivo General de la Función Judicial del Guayas revela que una parte de las instalaciones donde funciona el archivo pasivo de las Unidades Judiciales de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, está infestado de ratones y cucarachas.

El inmueble alberga unas 21.790 cajas de expedientes y, desde su inicio, se almacenó en la terraza del inmueble un aproximado de 4.068 cajas, debido a la falta de espacio en los dos niveles útiles para su almacenamiento.

Según se señala en el documento, el material almacenado en la terraza se ha deteriorado e infestado de plagas, debido a que las condiciones inadecuadas del lugar no presta el ambiente correcto ni acondicionado para la conservación de los documentos.

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