Pleno exhorta a las autoridades a controlar la contaminación de los ríos de Santo Domingo de los Tsáchilas

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 89 legisladores presentes, exhortó al Gobierno Nacional para que, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, ejecute y aplique de manera inmediata las acciones necesarias para detener la contaminación en los ríos de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Marcela Cevallos, asambleísta nacional, proponente de la resolución, explicó que se trata de un problema insostenible, ya que, según estudios, 30 de los 31 ríos de la zona están contaminados, por falta de una adecuada eliminación de desechos; se registran lixiviados, aceites, grasas, mercurio y cianuro en estas aguas, dijo, al alertar sobre la grave crisis sanitaria que esto genera.

Recordó que los ríos Tocachi y Chigüilpe, entre otros, atraviesan por las comunidades tsáchilas, por lo que la contaminación perjudica su riqueza ancestral y pone en riesgo la salud de la población.

De su lado, Johanna Cedeño indicó que desde octubre 2017 la Comisión de Biodiversidad, que preside, ha trabajado en procesos de legislación y fiscalización para garantizar la conservación ambiental. Así, se ha hecho un seguimiento, diagnóstico, evaluación y fiscalización con los organismos correspondientes.

Recibimos a personeros del Ministerio del Ambiente para que informen sobre el manejo de residuos sólidos; estamos preocupados por el cumplimiento del Código Ambiental y, sobre todo, con los organismos autónomos, ya que solo 37 de los 221 municipios separan los desechos en las fuentes, añadió.

Entre tanto, Mauricio Proaño, detalló las condiciones en que se encuentran las fuentes hídricas en el país que, según refieren estudios técnicos, alcanzan un 70 % de contaminación, en varios niveles.

Aseguró que la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua es absolutamente clara, pues dispone la recuperación y restauración de las fuentes de agua, es más, existen medidas sancionatorias para las entidades públicas y privadas que incurran en contaminación, de allí que sería necesario evaluar si las autoridades están o no cumpliendo su obligación.

El representante de la provincia Tsáchila, Ángel Gende, aclaró que más de 140 millones de dólares se han destinado para el tratamiento de aguas en Santo Domingo, pero dónde están las obras, qué se ha hecho con estos recursos, cuestionó. “Esta situación es grave, hemos entregado la información a la Fiscalía para que investigue, la Prefectura no hace nada y es una de las entidades que contaminan porque tienen empresas de explotación de material pétreo”, enfatizó.

A criterio del asambleísta William Garzón, de la misma jurisdicción, el rol como asambleísta es defender a la población y, sin duda, este problema no es de ahora, sino de hace muchos años, pues poco o nada se ha hecho, se sigue contaminando los ríos y no se sanciona a nadie. Es hora que el Gobierno Autónomo Municipal asuma su responsabilidad y desarrolle los programas de saneamiento ambiental y alcantarillado, añadió.

La resolución prevé, además, la conformación de una Mesa Interinstitucional de Trabajo, conformada por la comisiones de Fiscalización y de Biodiversidad, el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control del Agua, los gobiernos autónomos descentralizadas, otras instituciones públicas vinculadas, así como entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, para conocer los resultados de las acciones emprendidas por el Estado frente a este tema.

Igualmente se exhorta a la Agencia de Regulación y Control del Agua para que, luego del debido proceso, sancione a los responsables de la contaminación y que, de encontrar indicios de responsabilidad penal, remita los expedientes a la Fiscalía General del Estado.

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