Otra comisión legislativa desconoce a sus titulares

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Con la firma de siete asambleístas -de 12-, la Comisión de Fiscalización pidió la renuncia de su presidenta Doris Soliz y la vicepresidenta Esther Cuesta.

Soliz se defendió ayer. Aclaró que su gestión ha sido “respetuosa y seria” y adelantó que denunciará las supuestas agresiones verbales ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Los problemas se originaron el pasado miércoles, por un cambio en el orden del día solicitado por la asambleísta de Alianza PAIS, Ana Belén Marín, para que exista un pronunciamiento ante la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado ecuatoriano.

El pronunciamiento tenía como fin condenar a la CIDH y apoyar a la canciller María Fernanda Espinosa, según la legisladora Soliz. Ante esta solicitud, dijo la Presidenta que la mesa dio paso al pedido, siendo colocado como segundo punto en el orden del día.

Hasta ese momento, la sesión se desarrollaba sin novedades. Sin embargo, la presencia de la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien asistió para ejercer su derecho a la ‘voz sin voto’, causó malestar en la comisión.

Según la asambleísta Paola Vintimilla, del Partido Social Cristiano (PSC), no se cumplió con el orden que existe ante estas eventualidades y, por el contrario, la Presidenta habría mentido sobre la presencia de Aguiñaga.

El legislador Héctor Muñoz explicó que Aguiñaga no solicitó participar en la sesión y por tanto no debía acceder a la misma.

Vintimilla agregó que, en efecto, Aguiñaga realizó una solicitud que fue firmada después de su intervención, cuando lo que estipula el artículo 18 del reglamento de comisiones es hacerlo con anticipación.

Después de dar paso al cambio del orden del día, Soliz abrió el debate dentro de la mesa. “Me permití encargar la Presidencia de la Comisión a la señora Vicepresidenta (Esther Cuesta) para abrir el debate”, dijo y enfatizó que el paso dado por la CIDH es legal y reglamentario.

El acuerdo, según la asambleísta, por parte de los legisladores de Revolución Ciudadana que pertenecen a la mesa, es que el tema haya sido enviado al pleno.

Aunque el debate estuvo abierto, según Soliz siete asambleístas no deseaban litigar en la problemática, sino suscribir la resolución directamente, lo que provocó las discusiones que desencadenaron, según la Presidenta, en agresiones verbales.

Después de seis horas de sesión y de disputas internas, Soliz suspendió la sesión y posteriormente se dirigió a la Secretaría, para entregar una denuncia que será tratada en el CAL.

Las agresiones, según Soliz, están tipificadas en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como una falta grave que merece sanción.

Frente a esto, los siete asambleístas se autoconvocaron para seguir con la sesión y solicitar la destitución de la Presidenta y Vicepresidenta. El oficio llegó a la oficina de Soliz con copia a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Soliz aclaró que estas acciones no estaban permitidas en la ley.

Este caso se suma a otros ocurridos semanas anteriores, por ejemplo, en la Comisión de Educación -que preside Augusto Espinosa- y la Comisión Ocasional Aampetra -representada por Silvia Salgado- quienes desconocieron, también, a sus representantes. (El Telégrafo)

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