Cuatro exministros se suman a los investigados por la red Odebrecht

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La lista de investigaciones en la trama de Odebrecht parece no tener fin. Hasta la semana pasada, la Fiscalía General abrió dos nuevos expedientes por supuestas irregularidades cometidas en la contratación de obras de la constructora brasileña en los últimos años.

La apertura de ambos casos se basó en los informes de la Contraloría, que determinaron indicios de responsabilidad penal en los exfuncionarios que participaron en los procesos contractuales del poliducto Pascuales-Cuenca y del trasvase Daule-Vinces.

En el primer caso, las conclusiones dicen que el exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña (hoy sentenciado por las irregularidades en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas) pidió al Directorio de la estatal petrolera dar su aval para el incremento en parte del contrato del poliducto. Este aumento fue de $ 97 millones, que representa el 60% más de lo establecido en el contrato principal.

La Fiscalía investiga quiénes conformaron el directorio cuando se dio la autorización. Las primeras sospechas recaen sobre el exministro Wilson Pástor, pero su nombre no consta en el informe de Contraloría y el caso se indagará.

El segundo expediente es sobre el trasvase Daule-Vinces. La Contraloría señaló que Carlos Bernal, entonces encargado de los megaproyectos de la Secretaría del Agua, no coordinó correctamente la elevación de costos de obras complementarias.

En el reporte de la Contraloría también se menciona al exministro Walter Solís y otros exfuncionarios de la Secretaría del Agua. La defensa de Carlos Bernal aseguró a los Medios Públicos que no conoce este informe de la Contraloría y que en los próximos días dará su pronunciamiento.

Pero estos dos casos no son los únicos en los que trabajan los fiscales. También hay informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre los trabajos de la Refinería del Pacífico, específicamente sobre el aplanamiento de sus terrenos y sobre el acueducto La Esperanza. En este caso las principales sospechas apuntan al exministro Pedro Merizalde y al exgerente de la Refinería, Bismark Andrade.

Lo mismo sucede con la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, en la cual se investiga a funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Por último, sobre la contratación, ejecución y fiscalización de una de las vías de acceso a Manduriacu y la construcción del puente Gringo Pepe. En este informe se acusa a empleados de Ecuador Estratégico, entidad que lideró ambas construcciones.

Se indagan posibles sobreprecios en contratos complementarios

Por disposición legal, el detalle de estas investigaciones se mantiene en reserva, pero en esta ocasión no se busca la ruta de las presuntas coimas que entregó la constructora, sino que se averiguan los supuestos sobreprecios en los contratos complementarios que firmaron las entidades públicas y Odebrecht.

De confirmarse la auditoría de la Contraloría, se dejaría al descubierto que el negocio para Odebrecht era redondo. La constructora no perdía dinero por ningún lado. Si algo desembolsó en los sobornos a los funcionarios públicos y empresarios, ese dinero lo recuperaba en los sobreprecios de las mismas obras y que hoy alerta la Contraloría.

Estas dos nuevas indagaciones y otras que vienen en camino se suman a los más de 20 procesos penales que se abrieron desde que estalló el escándalo de corrupción regional hace un año. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó la lista de los países donde Odebrecht aplicó su estrategia de coimas.

En ese documento constaba Ecuador con una serie de pagos que sumaban $ 33,5 millones y que fueron efectuados desde 2011.

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