El Comercio de Quito

Publicación de una rectificación no es automática, puede negarse

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La resolución de la Supercom en contra de EL COMERCIO “adolece de un grosero vicio” en el procedimiento, genera “inseguridad jurídica”, es “profundamente subjetiva”, y carece de argumentos al momento de establecer la sanción.

Estas son parte de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar nulo y dejar sin efecto el fallo emitido por la Supercom, el 12 de mayo del 2015, en contra de este Diario, por la nota titulada ‘El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones’.

En el 2015, el ente de control ordenó al periódico que ofreciera disculpas públicas al Ministro de Electricidad y al Gerente General Subrogante de Coca Codo Sinclair EP. Además pidió que se publicara la rectificación solicitada por las instituciones. Todo debía cumplirse en máximo 72 horas. EL COMERCIO acató el fallo.
Antes de que el caso llegara a la Supercom, el Ministerio de Electricidad exigió directamente una rectificación a este medio. EL COMERCIO le contestó y pidió que indicara cuál es la falla en la nota, pero no hubo respuesta. La secretaría de Estado decidió entonces ir a la Supercom y aseguró que este Diario no rectificó. Así inició el proceso en el ente de control.

El Tribunal de lo Contencioso analizó todo lo ocurrido. En su sentencia advierte que, pese a que la Ley de Comunicación obliga a los medios a publicar una rectificación en el plazo de 72 horas, la misma legislación contempla el derecho a rectificar solamente si esta cabe.

“(Es decir) que esa actividad (de rectificación) no es automática, ya que el medio debe asimismo verificar la pertinencia de la rectificación, pudiendo incluso negarse a efectuarla y es, en ese caso, que puede dirigirse a la Supercom para que investigue y procese objetivamente el caso para determinar si existe violación al ejercicio de ese derecho”, advierten los magistrados.

En la nota del 2015, este Diario aseguró que el proyecto Coca Codo pasó de USD 2 245 millones a USD 2 851 millones. Para la Supercom, existió “deficiencia” en la información.

Hoy, dos años y medio después, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desmiente al ente de control y señala que los datos expuestos en el reportaje están “debidamente respaldados en documentos que fueron puestos en conocimiento” de la Supercom. Y aclara que “las cifras relatadas en la nota son precisas, corresponden a la verdad (...), información que, en conjunto, ha sido contrastada con las fuentes referidas en la noticia”.

Este viernes, 29 de diciembre del 2017, Henry Tobar, procurador judicial de EL COMERCIO, indicó que el dictamen judicial sienta un precedente para la libertad de expresión y para el periodismo en el país.

“La sentencia observa el procedimiento interno que la Supercom aplica en los procesos. Constata, además, que en este caso puntual la nota cumplió con la verificación, contrastación y precisión que por ley y ética debe cumplir una nota periodística”, aseguró Tobar. Además, el abogado añadió que “lo fundamental es que en este caso el Ministerio de Electricidad nunca pudo indicar dónde estuvo el error para solicitar la rectificación”.

Este punto también fue analizado por el Tribunal Contencioso. Para los jueces, la resolución de la Supercom carece de argumentación, pues la entidad solo señala, de forma general, que la nota periodística no emitió una información verificada, contrastada y precisa. Los magistrados aseguran que el fallo de la Supercom “no explica cuáles son las razones por las que considera que la noticia adolece de estos defectos, ni detalla o refiere por qué aprecia que la información allí relatada no ha sido verificada, contrastada y precisa”.

Fuente: El Comercio

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