Contraloría confirma glosa de USD 41 millones contra Marcela Aguiñaga por pago excesivo en terrenos Samanes

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La Contraloría General del Estado estableció una responsabilidad civil culposa por USD 41 090 491,04 en contra de la exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga, por un “pago excesivo en la compra de terreno en Los Samanes”.

La actual legisladora fue notificada ayer, 6 de noviembre del 2017. La glosa corresponde al informe del examen especial No. DAPYAF-0007-2016 hecho a la compra venta de 66 lotes de terreno de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

En el proceso, las autoridades tomaron en cuenta el avalúo hecho por una dirección especializada del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

Según la Contraloría, lo que legalmente correspondía era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil. Mientras el Miduvi sostenía que el costo de los terrenos era de USD 43,8 millones, el Municipio aseguraba que era solamente de USD 7,1 millones. En el informe del ente de control se señala que el pedido del avalúo al Miduvi fue solicitado por la entonces Ministra del Ambiente.

“Esto ocasionó que el Ministerio del Ambiente cancele al Issfa USD 41 090 491,04 en exceso, con relación a lo que correspondía cancelar, conforme a la normativa”, como consta en el resumen del informe.

La glosa, aclara la Contraloría, fue ratificada debido a que a la fecha no se ha evidenciado la compensación de fondos, entre el Ministerio de Finanzas y el Issfa, como se había recomendado en el informe del ente de control. Parte de los detalles de cómo se hizo el proceso de compra venta se conocieron el año anterior.

Entonces, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que lo hecho por Aguiñaga se trató de un “error de buena fe”.

La sanción, según el informe de Contraloría, también aplica a Mercy Borbor, exministra del Ambiente delegada; Manfred Altamirano, exsubsecretario de Gestión Marina y Costera; Patricia Serrano, exdirectora nacional de Asesoría Jurídica del MAE; José Noritz, exdirector general y representante legal del Issfa y otros tres servidores relacionados.

Fuente: El Comercio 

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