Diario La Hora de Quito

Sanción a La Hora por no cubrir acto oficial

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La Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sancionó a Diario La Hora por no haber cubierto el acto oficial de rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Esto generó enseguida reacciones de diversos sectores y actores, quienes calificaron el hecho como una imposición de contenidos a los medios independientes y un atentado a la libertad de expresión.

Este proceso se inició por una denuncia del alcalde Castillo, quien reclamaba que, a pesar de haber extendido una invitación a este medio para su acto oficial, la noticia del evento no fue publicada en los días posteriores a la realización. La Hora deberá pagar, de acuerdo con la decisión, 3.540 dólares al ente sancionador.

El evento fue realizado el 23 de febrero y la Supercom, tras analizar los ejemplares de La Hora de los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de ese mes, concluye que, como el medio no publicó nada respecto a la realización de ese acto en específico, incurrió en censura previa por la “omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público, obligación jurídica que debe ser cumplida cabalmente por los medios de comunicación social”. “Tanto más, que la información es un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad…”.

Durante la audiencia que sobre este caso se realizó en la Supercom, La Hora entregó, a través de su representante legal, Santiago Guarderas, un archivo que demostró que entre el 2 de enero y el 21 de febrero de este año se publicaron 79 piezas periodísticas referentes a la gestión municipal, muchas de las cuales tenían que ver precisamente con los temas que expuso Castillo en su acto oficial.

Sin embargo, eso no tuvo valor alguno para la Supercom, que argumentó que “no pueden analizarse hechos anteriores a la referida fecha, puesto que la infracción denunciada se refiere específicamente”, a la reunión de rendición de cuentas.

Otro de los argumentos de Guarderas en la audiencia fue que la Corte Constitucional ordenó al Consejo de Regulación de la Comunicación que emitiera un reglamente que definiera qué cosa es de interés público y qué no. Y que, mientras no haya esa conceptualización, la Supercom no podía sancionar a ningún medio por este tema.

Sin embargo, para la Supercom, el interés público “está plenamente definido” en la propia Ley de Comunicación y en sus reglamentos.

Reacciones críticas

Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), y Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) coinciden en que el proceso y la resolución de la Supercom son “absurdos”.

“Es admirable que sin que haya una norma expresa que determine los términos de lo que es de relevancia pública (la Supercom) logre establecer una multa”, cuestionó Ordóñez. La UNP, desde el debate de la Ley de Comunicación, había alertado sobre la pretensión de establecer “una sola información”.

“Al parecer se confirma con esta sentencia que la intención del Gobierno era ir al control de la información que se emite a través de los medios de comunicación”, añadió.

La consecuencia, según Cornejo, será “que va a venir una sucesión de demandas, una más arbitraria que otra”, que conducirán a que los medios “estén desarrollando procesos de defensa, en vez de atender los temas netamente periodísticos”, además de “lesionarlos económicamente”.

Tanto Ordóñez como Cornejo consideran que la sentencia no tiene un fundamento porque consideran que la denuncia del Alcalde recurre a una “disposición inconstitucional de la Ley que pretende imponer contenidos”.

“Lo peligroso de esto es que cualquier autoridad vaya a determinar que la información que no se publicó, puede ser objeto de una denuncia ante la Supercom”, por lo que “son los funcionarios los que van a determinar la agenda de los medios de comunicación”.

Cornejo inclusive considera que estos procesos “están lesionando seriamente las condiciones de libertad de trabajo de los periódicos” y que están produciendo que “los medios se sitúen en un plano de rebeldía” debido a que los “están dejando sin
salida”.

La posición de La Hora

El grave precedente que deja esta acción, en contra de los medios de comunicación y la libertad de prensa y de expresión, demuestra el dominio de lo estatal sobre la comunicación. De aquí en adelante, cualquier actividad que un funcionario público (elegido a través de las urnas o por designación administrativa) la considere como de interés público y no sea tratada en las páginas de los diarios, o en las emisiones de radio o televisión, va a ser considerada como censura previa. De esta manera, lo que se logrará es copar los medios de comunicación con información oficialista, con lo cual el único perjudicado es el ciudadano, quien recibirá información direccionada únicamente desde el Estado.


Enlaec: Supercom sanciona a La Hora por no cubrir acto de Alcalde

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