La persecución correísta está viva en la memoria de sus víctimas

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Los 10 de Luluncoto y sus abogados en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia.


Registros nacionales e internacionales muestran las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en el Gobierno de Rafael Correa, senteciado por corrupción y prófugo de la justicia.

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador, encabezado por el expresidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar —mediante el uso del derecho penal y administrativo— a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos”.

Así consta en el informe presentado por Édison Lanza, entonces relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita a Ecuador entre el 20 y el 24 de agosto de 2018, que buscaba promover el derecho a la libertad de expresión en el país, tan perseguida durante la década correísta.

En el informe consta que el hostigamiento no se dio solamente a través de la vía judicial, ya que también se usó el poder del Estado para estigmatizar y desacreditar por medio de cadenas nacionales y sabatinas, transmitidas a través de los medios de su Gobierno.

No es el único reporte que evidencia el abuso de poder en el Gobierno del prófugo expresidente Correa, quien fue sentenciado por corrupción. Durante la evaluación del año 2013, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), ya anticipaba la conflictividad que se vivía en el país.

WhatsApp Image 2021 04 08 at 07.41.20 00250Ángelo Ayol y sus familiares durante una de las diligencias de reconstrucción de los hechos.


Recoge el caso del exasambleísta Cléver Jiménez, en ese entonces en Pachakutik, sentenciado a 18 meses de cárcel por haber, supuestamente, injuriado al presidente. Jiménez había solicitado al fiscal general que investigara la responsabilidad de Correa por hechos de violencia que culminaron con la muerte de cinco personas durante el 30-S. “El fiscal general (Galo Chiriboga), que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato, concluyó que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación del presidente y, en mayo de 2012, la justicia desestimó la causa”, dice el informe.

Consta también la famosa “metida de mano en la justicia”. HRW recordó que el Gobierno inició un proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y de cientos de jueces de las instancias inferiores. “En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluidos los más altos magistrados”, señala la organización.

Un libro que recoge las violaciones a los DDHH

“Criminalización de la protesta: 2007 – 2015, las víctimas del correísmo”, es un libro publicado en 2016 por la activista de Derechos Humanos Karla Calapaqui Tapia, donde documenta varios abusos del correísmo en materia de libertades.

En su relato, Calapaqui considera que el Gobierno de Correa tuvo “secuestrada” la justicia como parte de un engranaje represivo, cuyas “sentencias de antemano ya tenían un formato y un origen: made in Carondelet”. Tuvo también a su favor una Asamblea sumisa y a la Policía y Fuerzas Armadas a su servicio.

“Del 2007 al 2015, el gobierno de Rafael Correa ha tenido como política de Estado la criminalización de la protesta social. En esa línea ha articulado una estructura jurídica para legitimar su accionar y acallar las voces de protesta”, dice Calapaqui. Las formas de ejercer esa intimidación se dieron a través de juicios penales, administrativos, civiles, tributarios; amenazas, chantajes a dirigentes y sus familias, presión sicológica, linchamiento mediático, represión, censura de redes, páginas, blogs, cuentas, tortura.

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Portada del libro donde se recogen testimonios de algunas de las víctimas de la década del Gobierno de Correa.


La autora del libro recoge algunas muertes ocurridas en ese periodo. Bosco Wisuma (2009), maestro bilingüe asesinado cuando participaba en el paro de la UNE – CONAIE; Freddy Taish (2013), joven shuar asesinado durante un operativo militar de minería artesanal; José Tendentza, líder antiminero, defensor del Cóndor mirador, asesinado, su cuerpo fue encontrado en el río Zamora, el 2 de diciembre de 2014; el general de la FAE Jorge Gabela, asesinado, al parecer, por denunciar corrupción de la compra de los fallidos helicópteros Dhurv; el periodista Fausto Valdivieso, asesinado en abril de 2013.

En cuanto a cifras, la investigación de Calapaqui presenta 82 casos, con un total de 681 afectados. El 90% de las causas fueron iniciadas por el Estado, a través de la Fiscalía y el restante por empresas transnacionales y otros. El 89% de los procesados los representaron hombres y el 11% mujeres.

“Quisieron silenciarnos criminalizando nuestras luchas, pero solo lograron despertar a este pueblo indomable y peleador”, consta en el libro de Calapaqui, quien también fue víctima de la represión del Gobierno de Correa y de su falta de interés por proteger los Derechos Humanos.

En febrero de 2016, junto a las también activistas Anabell Guerrero, Cristina Cachaguay, Pilar Rassa, Stephanie Altamirano y Ana Vera fue agredida por las fuerzas de seguridad del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, de visita en nuestro país. A través de una sabatina, la respuesta que recibieron de Correa fue acusarlas de ser militantes del MPD y de actuar como chicas malcriadas.

ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS

  • Represión en Dayuma. Al poco tiempo de iniciar el Gobierno de Correa, los pobladores de esta parroquia de Orellana se paralizaron en exigencia se servicios básicos. Fueron reprimidos por la fuerza pública.
  • Guadalupe Llori. Exprefecta de Orellana, por apoyar un paro indígena fue encarcelada y acusada de sabotaje y terrorismo por “atentar contra las instalaciones petroleras”.
  • Los 10 de Luluncoto. Jóvenes detenidos, procesados y sentenciados por mantener una reunión donde analizaban las políticas del Régimen. Fueron acusados de terrorismo y sabotaje en el grado de tentativa.
  • Mery Zamora. Expresidenta de la UNE, acusada de sabotaje y terrorismo por, presuntamente, haber incitado a los alumnos del colegio Aguirre Abad a que salieran a protestar durante la rebelión policial del 30-S.
  • Francisco Sampedro. Chofer acusado de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas por haber llevado en su camioneta un monigote de borrego, que hacía alución a los seguidores de Correa.
  • Los 12 de Central Técnico. Se les acusó de rebelión por haber salido a protestar por el cambio de modalidad del establecimiento.
  • Caso Colegio Mejía. Durante manifestaciones en contra del Gobierno de Correa fueron detenidos más de 90 estudiantes. Tras un largo y tortuoso proceso, algunos de ellos no solo que estuvieron detenidos y enfrentaron procesos judiciales, sino que también fueron separados del Colegio y obligados a acabar sus estudios en establecimientos nocturnos.
  • Caso Ángelo Ayol. Fue estudiante del Mejía. Asegura que no participaba en las manifestaciones y, sin embargo, la Policía le detuvo y le torturó. Logró una condena contra dos de ellos.
  • Las organizaciones de la sociedad civil en la mira de Correa. Las fundaciones, gremios, asociaciones, colectivos que se atrevían a cuestionar la institucionalidad que puso en marcha el Gobierno del prófugo Rafael Correa también fueron víctimas de persecución. El régimen no cesó en su afán de dividirlas y crear organizaciones paralelas, afines a su proyecto político.

El país vio que desde el poder se constituían organizaciones como la red de maestros para hacerle frente a la UNE; la alianza indígena (que no prosperó) para quitarle peso a la Conaie; y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para frenar al Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Además, en el tema de agrupaciones se da el más claro y evidente ejemplo de cómo el Gobierno usó la normativa para “quitar del camino” a aquellas organizaciones que le incomodaban. Así, uso el tristemente recordado Decreto 16 para disolver oenegés, bajo cualquier pretexto. Ese Decreto contenía el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Su objetivo fue regular la libre asociación y el funcionamiento de todas las formas de organización de la sociedad civil. Se aplicó, principalmente, en los siguientes casos:

  • Fundación Pachamama. Fue disuelta bajo el pretexto de haber participado en protestas contra la Décimo Primera Ronda Petrolera. Ya recuperó su personería jurídica.
  • Fundamedios. Intentaron disolverla con el argumento de que se dedicaba a actividades de política partidista.
  • UNE. Organización a la que se le quitó la personería jurídica por decisión del Ministerio de Educción.
  • Acción Ecológica. Se le aplicó el Decreto 982 para retirarle su personería jurídica, devuelta tiempo después.

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    +2 Pero los borregos dicen... — Comentario de: Johan Sebastian 08-04-2021 11:14
    No hay pruebas.
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