La Hora de Quito

‘Populismo penal’ se difunde en campaña electoral

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Carcel 11674

Cadena perpetua o penas de muerte para violadores, asesinos, femicidas; e incremento de condenas para políticos implicados en actos de corrupción son varias de las ofertas que dan los candidatos presidenciables en sus intervenciones públicas.

Aunque a la gente, cansada de estos hechos, le agrada la idea, el cumplimiento de las propuestas no sería tan fácil.

Tres analistas coinciden en que son una muestra de la demagogia que caracteriza a los políticos, previo a un proceso de elecciones.

André Benavides, constitucionalista, calificó a estos pronunciamientos como un “populismo penal”. Dijo que se requerirían de profundas reformas constitucionales y que el Estado renuncie a los tratados internacionales, como los de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Prohibición constitucional

La Constitución establece ‘candados’, como el del artículo 66.1, que reconoce y garantiza “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”. Benavides mencionó también al numeral 3 de ese mismo articulado que, en el literal c, prohíbe la tortura, desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.

Citó también al artículo 76.6, que habla de la proporcionalidad de las infracciones. Asimismo, el 88 del mismo cuerpo legal señala que ninguna reforma constitucional o de Ley puede atentar contra los derechos que la Constitución otorga a las personas.

“Si hay candidatos que establecen estas sanciones, que contravienen Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, puedo decir que están mintiendo”, apuntó.



‘Una propuesta simple’

Pablo Encalada, especialista en derecho penal, cuestionó las propuestas, calificándolas de populistas y como una respuesta simple a la problemática. “La criminalidad no se reduce por el incremento de penas. La única forma de disminuirla es a través de la prevención”, dijo.

El jurista explicó que el aumento de penas, viable por reformas a la Ley Penal, afecta a la integralidad del Código Orgánico Integral Penal (COIP), diseñado para que exista proporción entre delitos y penas. “No podemos tener una pena para un delito de robo y la misma para la de un homicidio. Habría una desproporción”, señaló.

Sistema carcelario no soportaría

Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, tampoco vio inviable el endurecimiento de penas. Aseguró que anunciarlas es una práctica de demagogia.

Enviar a la gente por más años a la cárcel, dijo, solo complicaría la situación de un sistema penitenciario carente de infraestructura, sin planes, programas y proyectos de rehabilitación. “No podría soportar penas más largas como las que proponen”, alertó.

La experta dijo que la pertinencia del incremento de penas se lo debería discutir en una mesa multidisciplinaria y no en un mitin político.

Con lo que Villarreal sí está de acuerdo es con hacer que el reo produzca desde su ingreso al centro de rehabilitación, aunque para que ello ocurra, dijo, el Estado debe proveerles de herramientas de trabajo. (La Hora)

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