La Corte Nacional cuestiona dos artículos de la ley contra la corrupción

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La presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, dijo que mandará por escrito sus observaciones


En la Comisión de Justicia se prepara un solo proyecto producto de alrededor de 11 propuestas sobre el tema. Sobre la sanción para quien induzca a alguien a brindar falso testimonio, dijo que es difícil sortear la subjetividad.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ), a través de su presidenta Paulina Aguirre y del magistrado Marco Rodríguez, comparecieron ante la Comisión de Justicia para dar sus aportes a la propuesta de reforma al Código Penal en materia de lucha contra la corrupción.

Esta mesa legislativa trabaja en un proyecto unificado que recoge alrededor de 11 propuestas, entre ellas las del Ejecutivo que propone sancionar la corrupción en contratación pública en emergencia.

Uno de los artículos propuestos se establece sancionar a quien induzca a que una persona presente falso testimonio. Aguirre dijo que es tema subjetivo y que es extremadamente difícil de probar, lo que llevaría a un abuso por parte del Estado. Recordó también que en la normativa vigente se encuentra tipificado el delito de perjurio, aplicable a esta conducta.

Otra propuesta observada es la de establecer como delito la elusión de procedimientos contractuales en emergencia. Señala que el servidor público que, haciendo uso de la declaratoria de emergencia evada los procedimientos pertinentes de contratación pública para desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario en provecho propio o beneficio de un tercero, será sancionado, entre otros casos, cuando la declaratoria de emergencia realizada por la máxima autoridad se fundamenten en hechos que no generen una situación de emergencia concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.



Aguirre manifestó que, tal como está redactado ese articulado, ya existe o es similar al delito de peculado, por lo que se estaría dando una duplicidad de infracciones que conllevan a la inseguridad jurídica.

Recomendó que, en delitos de corrupción en contratación pública, la sanción sea la misma tanto para el proveedor como para el funcionario que incurre en esa irregularidad, porque son parte de los mismos círculos de corrupción. En la propuesta de Ley el proveedor tiene una pena menor.

Para Rodríguez el delito de elusión podría ser tipificado como conducta independiente, pero modulando elementos del tipo penal y terminología para evitar esa duplicidad con el delito de peculado.

Otros criterios

Francisco Estupiñán, exfuncionario de la Fiscalía en la Unidad de Investigaciones Financieras y Asuntos Internacionales, coincidió con Aguirre en el tema de que será difícil sancionar a la persona que induzca a otra a presentar falso testimonio y que probar esa irregularidad será en la práctica un desafío para la Fiscalía y para los jueces.

Estupiñán agregó que se debe aclarar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no será aplicable al Estado o sus instituciones, ya que debería repercutir para las personas de derecho privado. “En la práctica hay muy poca o nulas estadísticas sobre personas jurídicas sancionadas”, dijo el experto.

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