La Hora de Quito

El Gobierno insiste en la demanda contra el presidente de la Cámara de Comercio de Quito

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Luego de que el 8 de agosto pasado, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, publicara en su cuenta de twitter las principales cifras de la encuesta de empleo, con corte a junio 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), presentó una demanda en su contra porque esa publicación ocurrió un día antes de la presentación oficial por parte de esa institución, adscrita a la presidencia de la República.

Ante esos hechos, organizaciones como Fundamedios han pedido que esa demanda sea retirada inmediatamente porque no tiene fundamentos legales y vulnera la libertad de expresión.
Sin embargo, Caridad Vela, secretaria de comunicación de la Presidencia de la República, durante una rueda de prensa realizada ayer para actualizar la información del mercado laboral, aseguró que si Fundamedios estuviese “en conocimiento de a qué se refiere la demanda no pedirían que se la retire”.

Además, aseguró que “no me cabe en la cabeza pensar que una institución de tanto prestigio y respetabilidad” esté pidiendo que se desista de un proceso cuya única finalidad es entender cómo sucedió la “filtración de información”.

“No se ha puesto una demanda contra Patricio Alarcón, lo que ha sucedido es que se puso una demanda por filtración de información y dentro de eso, lo que hace Fiscalía es llamar a Alarcón para rendir una versión libre y voluntaria, sin juramento, solamente para esclarecer la investigación de esos hechos. Es decir, para que podamos entender de qué manera el señor tuvo acceso a información de carácter restringido”, dijo.

Al respecto, el presidente de la Cámara ha asegurado que la denuncia es clara y es en su contra por publicar información que no es de ningún modo reservada ni peor restringida.

En ese sentido, lamentó que la señora Vela esté mal asesorada y no conozca mucho de leyes”. Alarcón considera que ante la posición del Gobierno no le queda más que seguir defendiéndose de una demanda que es una injuria y un daño moral; y, trata de amedrentarlo por mantener una posición crítica contra el manejo político y económico no solo durante el actual período, sino a lo largo de los últimos 13 años.

“Es claramente una denuncia penal en mi contra con un delito tipificado en el Código con sentencia de 1 a 3 años. El único que decide si una información es reservada o no es el Consejo de Seguridad, la Ley o contrato expreso firmado por el INEC”, acotó.

El dirigente gremial recalcó que la información del mercado laboral es pública y elaborada por una institución pagada por todos los ecuatorianos, con lo que no tiene ningún sentido que se quiera decir que las cifras estaban restringidas y reservadas.

'El Estado debe investigar internamente no intimidar a ciudadanos'

Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que, si bien la denuncia no es directamente contra Alarcón, se fundamenta en el hecho de que publicó información en su cuenta de Twitter, y por eso se lo llama a rendir versión. Ese llamado es un acto pre procesal que puede terminar en un proceso penal.

Sin embargo, el experto cuestiona el fondo de la demanda, debido a que toda información que se produce en el sector público es pública, por regla general, salvo las excepciones previstas en una Ley.

"Resulta novedoso enterarse que las estadísticas, que produce un Instituto adscrito a la Presidencia, son de circulación restringida. La acción promovida por el gobierno, es un claro acto intimidatorio, no solo contra Alarcón sino contra todos aquellos que, de una u otra forma, reciben datos y estadísticas, y para los que las difunden y comunican. La libertad de expresión incluye la libertad de información.", puntualizó.

Finalmente, el representante de Ciudadanía y desarrollo recalcó que, si el gobierno quiere investigar una supuesta filtración, que lo haga mediante los procesos administrativos internos que correspondan, no intimidando a ciudadanos.

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