Judicatura presentó informe de Rendición de Cuentas 2019: se adoptaron 203 resoluciones normativas

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Con el objetivo de fomentar la transparencia y promover la evaluación de todas las acciones que buscan consolidar la institucionalidad de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presentó, este 16 de septiembre de 2020, ante la sociedad civil, el informe correspondiente a la gestión cumplida durante el año 2019.

Al evento virtual asistieron, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez; los vocales Maribel Barreno, Jorge Moreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro; además del director deneral de la institución, Pedro Crespo. También estuvieron directores nacionales y provinciales del CJ, así como autoridades de entidades de la Función Judicial.

La Rendición de Cuentas del CJ arrancó con el evento nacional y, a través de la plataforma Zoom, con transmisiones en vivo mediante Facebook Live, las Direcciones Provinciales de la Judicatura presentan en todo el país, entre miércoles y jueves, sus informes territoriales de 2019 a las y los ciudadanos. Esto como muestra clara del compromiso institucional a pesar de las dificultades de la pandemia.

Durante su intervención, la presidenta del CJ explicó que durante el 2019, el Pleno de la institución efectuó 101 sesiones y adoptó 203 resoluciones normativas, para garantizar el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia, en el marco de los cuatro ejes de gestión institucional y del Plan Estratégico de la Función Judicial.

Lucha contra la corrupción

En este eje, Maldonado ratificó el compromiso del CJ en la lucha indeclinable contra la corrupción y destacó acciones como el trabajo desarrollado con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (PAcCTO) y la elaboración de la “Guía de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada”.

Recordó además que el CJ presentó observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que se tramita en la Asamblea Nacional y planteó la creación de Unidades Judiciales Especializadas de Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado.

Asimismo, recordó que el CJ solicitó, ante los organismos competentes, la investigación de proyectos y procesos como el denominado Justicia 2.0, en el cual se presume un perjuicio de alrededor de 23 millones de dólares para el Estado; y la construcción del Palacio de Justicia de Cuenca en el cual existió un anticipo no amortizado.

De igual forma mencionó que en el mismo año, se identificaron 233 contratos con presuntas irregularidades y se solicitó a la Contraloría General del Estado realice exámenes especiales a la construcción de los complejos judiciales Quito Norte, Quitumbe, Otavalo, El Empalme y Durán.

Capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales

La presidenta del CJ resaltó la evaluación integral a la Corte Nacional de Justicia, que se cumplió bajo un nuevo modelo que, además de parámetros cuantitativos y cualitativos, incorporó criterios de legitimidad y transparencia. De 36 jueces y conjueces evaluados, solo 13 superaron este proceso y el CJ debió, de acuerdo con el marco legal vigente, nombrar 26 conjueces temporales.

En cuanto a capacitación, se incrementó el número de participaciones de personas vinculadas al sector justicia. En el año 2018 fue de 39.241 y en el 2019 fue 126.897.

También se impulsó la especialización judicial, con la implementación de la justicia juvenil restaurativa. En este marco se capacitó a 367 personas, entres operadores de justicia, personal de la SNAI y de la Dinapen.

Respecto de la tecnificación del sistema judicial, la doctora Maldonado resaltó la puesta en marcha del trámite web, del expediente electrónico y la implementación de la fase 1 de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación la Violencia Contra la Mujer.

De la misma forma, el CJ dispuso acciones para el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública, entre ellas, la delegación de competencias para que se concedan nombramientos administrativos provisionales y autorizaciones de comisiones de servicio.

Además, se amplió la cobertura judicial con la designación de 63 jueces y 24 defensores públicos. También se incrementaron 22 jueces de paz y hoy se cuenta con 414 en todo el país. Ellos atendieron 1958 casos relacionados con deudas por obligaciones patronales, conflictos de convivencia vecinales, entre otros.

En esta misma línea y para promover la cultura de paz, se impulsó la mediación. Se atendieron 301.251 causas, se convocaron 54.554 audiencias y se lograron acuerdos en el 92 % de las audiencias instaladas.

Otros hitos alcanzados en 2019 fueron la creación de Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias en las provincias con la mayor población de personas privadas de libertad, hecho con el cual se cumplió un mandato constitucional ignorado por 11 años; y, la firma del contrato para la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo.

Independencia judicial con control disciplinario

La presidenta del CJ señaló que el actual Consejo de la Judicatura, desde su posesión el 29 de enero de 2019, ha ejercido sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, respetando siempre la independencia judicial y las garantías básicas del debido proceso.

“Somos respetuosos de la independencia judicial, ninguna otra autoridad administrativa ha respetado tanto la independencia judicial como este Consejo de la Judicatura”, señaló la doctora Maldonado, quien informó que, a diciembre de 2019, se resolvieron 946 expedientes disciplinarios, incluidos más de 560 que estaban a punto de prescribir y que fueron heredados de administraciones anteriores. Fueron destituidos 77 servidores, entre jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y otros servidores administrativos.

Mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres

Como parte de este eje, Maldonado se refirió a la implementación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y destacó, entre otras acciones, la incorporación de 396 servidores (17 jueces, 39 secretarios, 144 ayudantes judiciales y otros 13 funcionarios) que atienden de manera integral a las víctimas de agresiones.

Adicionalmente, se crearon siete unidades judiciales especializadas contra la violencia en Tena, Morona, Azogues, Lago Agrio, Francisco de Orellana, El Carmen y Santa Cruz, además de fortalecerse las existentes.

La reinstitucionalización de la Función Judicial avanza a paso firme. El Consejo de la Judicatura actúa en el marco de la Constitución de la República, bajo los principios de ética, integridad, transparencia y objetividad y continuará Construyendo un servicio de justicia para la paz social.

“Ha sido un caminar arduo, pero vamos a seguir haciéndolo con compromiso”, señaló la doctora Maldonado, quien expresó su agradecimiento a las y los servidores judiciales que con su trabajo han permitido ir transformando el servicio judicial en beneficio de las y los ciudadanos.

En el mismo sentido se pronunció el director general del CJ, doctor Pedro Crespo, quien también expuso las acciones desarrolladas durante 2019 para el cumplimiento de la misión encomendada a la institución, pese a las limitaciones y recortes presupuestarios impuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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