Siete nuevos procesados por presuntas irregularidades en compra de insumos en el Teodoro Maldonado Carbo

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La Fiscalía procesó a otras 7 personas, entre exfuncionarios y proveedores, dentro de la causa que se sigue por presunta delincuencia organizada, para la compra de insumos médicos adquiridos entre 2015 y 2019, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Seguro Social, en Guayaquil.

En audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, el fiscal Nelson Macías presentó los indicios y elementos recaudados en la fase investigativa iniciada y que demostrarían la presunta participación de los ahora procesados en los hechos indagados.

Entre ellos, los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva, UIAD-G, los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y los informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado en el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018.

También se incluyeron las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad para la compra y adquisición de los insumos médicos, las órdenes de pago realizadas por la adquisición de estos y las versiones de los procesados en el caso.

El juez de garantías penales Patricio Vidal dictó prisión preventiva contra los ciudadanos Omar Khayyam C. V. y Cristina María A. R. (ex funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo), Judith Josefina A. O., Raúl Bolívar P. T. y Juan José P. G. (proveedores). Además, dictó arresto domiciliario para Karina Lissette G. J. y prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad para Miriam Ruth R. G.

Con ellos serían 17 los procesados por el delito de delincuencia organizada para la compra de insumos médicos adquiridos entre 2015 y 2019, por parte del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

La Fiscalía investiga a una presunta organización delictiva que comercializaba insumos médicos con sobreprecio que involucra a exdirectivos de esta entidad de salud y que habría ocasionado un perjuicio económico de 11’905.000 dólares en 18 órdenes de pago.

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