Ecuador no logra recuperación efectiva del dinero de la corrupción; apenas ha logrado embargos en dos casos

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El entusiasmo con que las autoridades gubernamentales, judiciales y de control anuncian la lucha contra la corrupción no tiene correspondencia con los montos recuperados -dinero concreto- a favor de las arcas fiscales. Las estadísticas oficiales sobre lo recaudado revelan que lo obtenido por el Estado ecuatoriano en materia económica tras las sentencias por el manejo fraudulento de fondos públicos es mínimo.

De acuerdo con la Procuraduría General del Estado (PGE), solo en dos de los siete principales casos de corrupción se ha llegado al embargo de bienes. En cuanto a montos: de los $ 89,3 millones que busca recuperar, hasta la fecha apenas ha logrado medidas para retener activos por $3,9 millones; es decir, el 4,4 %. El resto aún se encuentra en el rastreo de bienes y en disputa legal.

La PGE tiene identificados cuatro pasos para la recuperación de fondos: uno, investigación sobre bienes de los procesados; dos, pedido a los jueces para la ejecución de la sentencia; tres, pedido para que los jueces emitan mandamientos de ejecución; y, cuatro, proceder a los embargos. En un listado proporcionado a este Diario, el organismo detalló siete casos:

  • Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. Delito: enriquecimiento ilícito. Monto de reparación económica: $ 364 204,54. Situación: embargo de bienes.
  • María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Delito: enriquecimiento ilícito. Monto de reparación económica: $ 3,6 millones. Situación: embargo de bienes.
  • Carlos Pareja Yannuzzelli, expresidente de Petroecuador, y otros. Delito: cohecho. Monto de reparación económica: $ 12,6 millones (y una pena pecuniaria de $37,8 millones). Situación: etapa de mandamiento de ejecución.
  • Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, y otros. Delito: peculado. Monto de reparación económica: $ 614 655,17. Situación: etapa de mandamiento de ejecución.
  • Jorge Glas, exministro y exvicepresidente de la República, y otros. Delito: asociación ilícita. Monto de reparación económica: $33,3 millones. Situación: pedido de ejecución.
  • Raúl Carrión, exministro del Deporte, y otros. Delito: peculado. Monto de reparación económica: no determinada. Situación: investigación sobre bienes.
  • Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, y otros. Delito: lavado de activos. Monto de reparación económica: $1 millón. Situación: investigación sobre bienes.
  • ¿Hay más casos en los que se indaga dinero desviado por corrupción?, ¿a cuánto asciende el perjuicio a los ecuatorianos? Una cifra definitiva y real no es posible mientras los juicios no concluyan. Los siete descritos anteriormente son los que la PGE considera los más importantes hasta hoy, debido a que los procesos están cerrados.

No obstante, en su sitio web institucional, la PGE detalla más casos de afectación a la administración pública, aunque no precisa detalles, como el desvío de dineros en la Secretaría de Comunicación en los tiempos de Fernando Alvarado o los casos penales de Iván Espinel (exministro), Alejandra Vicuña (exvicepresidenta) y Carlos Pólit (excontralor).

En el listado proporcionado a este Diario aún no se contempla el caso Sobornos, en el que se condenó por cohecho al expresidente Rafael Correa y a otros exfuncionarios públicos y empresarios a una reparación integral de $14,7 millones.

Los anuncios del jefe de gabinete, Juan Sebastián Roldán, o del exministro Iván Granda sobre la "primera recuperación de dineros de corrupción", refiriéndose a los $13 millones entregados en 2019 por Tomislav Topic en una investigación relacionada con Odebrecht, tampoco constan.

Los datos a nivel administrativo revelan que el perjuicio al Estado es mucho mayor que el registrado por la PGE. Solo para tener una idea: entre el 1 de junio de 2017 y 31 de julio de 2020, la Contraloría General del Estado dispuso 6.891 glosas, por $ 1.869,3 millones. Su cobro efectivo depende de los expedientes que abra la Fiscalía y de los juicios que se ventilan en las cortes. Un corte de cuánto se ha recuperado de aquellas glosas no existe.

Vacíos y falta de coordinación
Más allá de las declaraciones públicas de alcance político para la lucha contra la corrupción, la PGE y los expertos coinciden en que el mayor problema para una reparación económica a favor del Estado son los vacíos legales e institucionales.

En un pedido de información hecho por este Diario, la Procuraduría afirma que cada caso es diferente y que la normativa actual resulta insuficiente. "En el proceso de recuperación, las acciones van desde identificar bienes, solicitar embargos, retenciones de cuentas, entre otras. Depende de todo un engranaje. Es decir, no solo se requiere la acción de la Procuraduría. También es importante la participación de las instituciones afectadas, jueces, fuerza pública e inclusive asistencia de otros Estados".

Para el jurista Ismael Quintana, por ejemplo, el Código Integral Penal (Copip) no contempla un procedimiento para ejecutar los cobros. Lo que corresponde, dice, es que una vez que la sentencia ha sido ejecutoriada, el expediente debe ser devuelto al tribunal de primera instancia para que se dispongan las medidas de ejecución. “Los jueces van a ordenar a los procesados que paguen. Si no cancelan tendrían que dimitir bienes”.

¿Y si los bienes están a nombre de terceros o en sus cuentas no hay dinero? Cabe que se dicte la insolvencia de los procesados, añade. Pero en la práctica eso no ha sucedido. “Nos encantan las condenas, pero tal como están las cosas no se recuperará nada”.

El abogado Stalin Raza, que fue postulante para fiscal, también es pesimista, pues no encuentra una coordinación real entre las entidades encargadas de estos temas. “No ha habido recuperación efectiva, a pesar de que hay formas de rastrear el dinero, no se ve el trabajo de la Cancillería y sus embajadas, y la PGE, que al menos debió iniciar los juicios de insolvencia, nos queda debiendo. Todo eso está rezagado”.

El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, sostiene que en la única reunión que mantuvo con el presidente Moreno se le subrayó que es necesario recuperar el dinero de la corrupción. “Y hoy volvemos a decir lo mismo”.

Considera que hay mecanismos, como la contratación de firmas internacionales para rastrear los fondos ilegales, “que están ahí, pero que no se las ha contactado”.

Las críticas de expertos y veedores también apuntan a la Asamblea, que no ha aprobado la Ley de Extinción de Dominio.

"Ese proyecto de ley ha sido presentado desde hace mucho tiempo y es la muestra de la complicidad de la Asamblea con la corrupción. Eso explica por qué muchos asambleístas han estado vinculados al reparto de los hospitales, al cobro de diezmos o están prófugos. Está claro que la corrupción sigue formando parte de la vida nacional; las normas están hechas para impedir la recuperación, la justicia está corroída y esos dineros ilícitos, en lugar de ser recuperados para los ecuatorianos, van a terminar en las campañas políticas”, lamenta Rodas. (El Universo)

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    +2 nuestras propias autoridades se roban los dineros del pueblo ecuatoriano — Comentario de: Hernán Galo Morales 14-09-2020 19:08
    PORQUE LA ASAMBLEA NO APRUEBA LA "EXTINCION DE DOMINIO".
    SENCILLAMENTE PORQUE ESTOS ASAMBLEISTAS ESTÁN FELICES DE LA VIDA CON LO ROBADO A LAS ARCAS FISCALES, ASI DE SIMPLE.
    ESTE PROYECTO DE LEY TIENE QUE APROBARSE EN UNA CONSULTA POPULAR. ESTOS ASAMBLEISTAS NO NOS REPRESENTAN MAS BIEN SON COMPLICES. NOSOTROS DEBEMOS IMPEDIR ESTE SAQUEO INCESANTE POR PARTE LAS AUTORIDADES QUE DEBERIAN VELAR POR LOS DINEROS QUE NOS PRETENECEN. ESTO APROPOSITO DE LA NOTICIA QUE TRAE EL PERIODICO DIGITAL "ECUADOR EN VIVO# SOBRE LA RECUPERACION DE LSO DINEROS ROBADOS POR NUESTRAS AUTORIDADES.
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