El Telégrafo de Guayaquil

Corrupción de carnés involucra a las concesionarias de vehículos

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La entrega fraudulenta de carnés de discapacidad que salió a la luz pública tras la detención e investigaciones al empresario Daniel S., implicado en la compra irregular de insumos médicos por parte de varios hospitales durante la emergencia sanitaria, abre nuevas indagaciones.

Esta vez a quienes importaron vehículos exonerados utilizando carnés de discapacidad. En la lista de beneficiarios aparecen jueces, asambleístas, autoridades, entre otras figuras públicas.

Por ello, el jueves 2 de julio de 2020, el contralor general del Estado, Pablo Celi, dispuso varias acciones, entre ellas que en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) se examinen las importaciones realizadas por personas con discapacidad.

En el Senae se auditarán las operaciones de comercio exterior, correspondientes a la importación de menaje de casas, bienes y vehículos, efectuadas por personas con discapacidad, servidores y funcionarios que realizaron importaciones al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, efectuadas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020.

Un buen negocio

Y es que la importación de carros, a través de métodos irregulares, se convirtió en un negocio, expresó el economista Esteban Tapia. Cifras del Senae evidencian el incremento de la importación de automotores bajo esta modalidad. En 2018 se registraron 1.634 carros importados para personas con discapacidad. No obstante, en 2019 se produjeron 4.426 importaciones de esta clase.

De ese número, el 91,2% de autos era nuevo. Es decir, estaban a nombre de concesionarias. En esa línea, Tapia sugirió que -de ahora en adelante- el Servicio de Aduanas tome como requisito que si un vehículo fue presupuestado para este grupo humano, “ingrese con adaptaciones técnicas y mecánicas”.

El rol de las concesionarias

Cristina Kronfle, directora de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos Prioritarios de la Contraloría, también considera que hay un negocio desde las concesionarias.

La funcionaria analizó la situación que atraviesa este sector humano y se indignó al pensar la indolencia de quienes sacaron provecho por un documento creado para beneficio de sectores vulnerables.

Kronfle tiene 90% de discapacidad física, aun así, jamás empleó su cupo de importación para tener un carro exonerado. Sin embargo, decidió investigar cómo se ha trabajado de forma fraudulenta. Aseguró que la modalidad podría empezar con ciertas concesionarias que dejan un depósito de vehículos sin importar en la aduana.

En casos de firmas que proceden de forma legal, la concesionaria culmina la importación cancelando los aranceles, como el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Consumos Especiales (ICE).

En cambio, cuando se trata de intermediarios que desean eludir las normas, el carro ingresa con el cupo de la persona con discapacidad sin cancelar el impuesto. “En ese proceso de compra de vehículos es donde más sensible es la emisión fraudulenta de carnés”.

Kronfle estimó que para un trámite con carnés, se cancelan alrededor de $ 4.500. “Es gente que tiene plata, que tiene recursos y que quiere eludir los temas tributarios y fiscales. Es gente que tiene un modus operandi criminal”.

Control en la entrega de carnés

El pasado miércoles, el presidente Lenín Moreno anunció seis medidas para erradicar la distribución irregular de carnés, entre ellas una auditoría interna en el Ministerio de Salud y sanciones al personal responsable.

Kronfle aseguró que las irregularidades provienen de un mal manejo en la unidad encargada de entregar las identificaciones. La exasambleísta manifestó que en Ecuador no hay suficientes médicos que puedan calificar de forma técnica la discapacidad. Y añadió que han reducido el número de auditores para supervisar la emisión de carnés.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reveló que son 3.000 documentos emitidos de forma ilegal, pero advirtió que ya se iniciaron las investigaciones.

3.500 auditorías se realizaron desde 2017

Diario El Telégrafo solicitó a la Dirección de Comunicación del MSP un detalle del personal que cumple las auditorías internas.

A través de un escrito, se conoció que en la Dirección Nacional de Discapacidades se realizan dos tipos de auditorías: focalizadas, que son las que solicita el usuario, instituciones de control, entidades públicas e instituciones privadas. Y las auditorías preventivas, que se realizan de manera aleatoria para identificar la correcta ejecución del proceso de calificación.

En esa línea, se conoció que desde 2017 y lo que va de 2020 se realizaron 3.500 auditorías a nivel nacional, entre focalizadas y preventivas.

La cartera de Salud informó, además, que continuará reforzando los procesos de auditorías en todo el país. Por ello, en febrero de 2020 se capacitó a nueve equipos calificadores.

Cada uno está conformado por un médico, un psicólogo clínico y un trabajador social, quienes son acreditados como auditores zonales, cubriendo los requerimientos de las auditorías.

El Ministerio de Salud también informó que para fortalecer estos controles hay un cronograma de actividades en curso. Una de estas son auditorías al 20% de las calificaciones realizadas por cada profesional calificador en el último año calendario.

Además, se realizó una nueva capacitación entre el 30 de junio y el 2 de julio sobre los instrumentos técnicos y legales sobre el proceso de calificación y recalificación de personas con discapacidad. (El Telégrafo)

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