Informe de la CIDH pone frente a frente a Gobierno y Conaie

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El Gobierno y los líderes del movimiento indígena siguen en pugna por lo ocurrido en octubre pasado. El informe de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) ahondó sus diferencias.

Este miércoles 15 de enero del 2020, por una parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó de “sesgado” al documento del organismo internacional. Por su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó el informe como un aval para su postura de que durante las protestas hubo un uso excesivo de la fuerza en la contención de las manifestaciones.

Romo, en una entrevista radial en Sonorama, señaló que no coincide en el informe sobre el secuestro a policías o la retención de periodistas. La ministra añadió que “le sorprende” la postura de la CIDH, ya que solo habla de una retención a miembros de la fuerza pública y no hay una valoración real del tema.

“El papel de estos organismos no es sesgar su mirada, sino darnos una mirada lo más amplia y objetiva posible, para que cada uno de los involucrados asuma su responsabilidad”, sostuvo la funcionaria.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, rindieron ayer su versión en la Fiscalía de Soluciones Rápidas, como parte de la indagación previa por la denuncia de Marcelo Hallo sobre el supuesto delito de instigación al sabotaje y terrorismo durante el paro.

A su salida, el Presidente de la Conaie manifestó que las recomendaciones hechas por la CIDH “les dan la razón” sobre la denuncia de los indígenas respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad.

“Reconocemos el trabajo y la investigación que realizó la CIDH. Nos dan la razón en que sí hubo uso excesivo de la fuerza”, dijo el líder indígena.

Iza llevó el tema más allá. Para este dirigente, el primer borrador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y lo dicho por la CIDH debe ser el “límite” con el cual debe actuar la justicia ecuatoriana en medio de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.

“Los hechos de octubre corresponden a un derecho legítimo (protesta y resistencia). No se pueden confundir con delitos comunes. Vamos a exigir que la justicia lo analice dentro de este límite”, dijo.

El martes pasado, la CIDH publicó su informe que fue resultado de la recopilación de información que hizo entre el 28 y 30 de octubre pasados. Ese organismo internacional llegó al país tras la finalización de las protestas en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, por invitación del Gobierno ecuatoriano.

Entre las 11 recomendaciones de la CIDH están: un plan de reparación para las víctimas, respetar el derecho a la protesta, mantener un proceso de diálogo para consultar las decisiones económicas y avanzar en las investigaciones sobre las muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones.

Romo informó que el Gobierno responderá al informe. Dijo que sus críticas “no son comparables con la posición que tuvo el expresidente Rafael Correa con respecto al Sistema Interamericano”.
Para el profesor universitario de Derecho Internacional Juan Pablo Albán, hay cuatro razones por las que el Ecuador debería cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

La primera es que el país es miembro de la Organización de Estado Americanos (OEA) y uno de los principales organismos de esa instancia es la CIDH. La segunda es que también es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto se obliga a cumplir de buena fe con este tipo de resoluciones.

Como tercera razón, Albán expuso que la Convención de Viena, también suscrita por el país, establece el valor del Derecho Internacional, por lo que un Estado no puede invocar normas internas para no cumplir con las sugerencias.

Finalmente, citó la regla del “efecto útil”. Es decir, un Estado firma un convenio en el entendido de que le va a dar vigencia a las disposiciones de dicho tratado.

Para el analista político Maximiliano Donoso Mueller, la misión de la CIDH solo ver la actuación de un Estado.

“El Estado siempre puede ser el malo de la película para la Comisión Interamericana. Los manifestantes no tienen un ejército. Tampoco tienen una policía, por más bien organizados que estén como lo pudimos ver en el paro”, señaló.

Para él, la gestión del Gobierno en la contención de las protestas fue adecuada. Dijo que prueba de ello es el reducido número de víctimas que, en una situación tan compleja como la de la crisis de octubre, pudo ser mayor.

Vargas comentó que preparan una demanda internacional en contra del Gobierno por el “uso excesivo de la fuerza”. De esto se encargará la Asociación Inocencio Tucumbi. (El Comercio)

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