Fiscales que indagan actos de corrupción están saturados

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Las cinco oficinas fiscales que indagan actos de corrupción de empleados públicos lucen abarrotadas de expedientes.

En un solo despacho hay 20 cajas con procesos colocados en el piso. Casos de peculado, cohecho, tráfico de influencias y concusión también están acumulados en los escritorios del fiscal, de su secretaria y de su asistente. En otra oficina hay cientos de carpetas guardadas en tres anaqueles y otras apiladas en sillas. Los cinco investigadores trabajan en la planta baja de un edificio en el norte de Quito. En total, acumulan unas 5 400 causas.

Un fiscal que habló con este Diario dice que cuando asumió el despacho, en abril del 2019, recibió 1 080 casos y que cada mes llegan 30 más.

Asegura que se necesitan al menos dos fiscales más para evacuar las causas que están represadas. Por ejemplo, tiene investigaciones por peculado que se abrieron en el 2014 y todavía no han sido resueltas.

Con otros agentes ocurre igual. Una funcionaria tiene 1 044 causas acumuladas desde el 2010, la mayoría por peculado. Reconoce que están abarrotados de trabajo y los procesos avanzan lentamente.

“Laboramos 12 horas al día, incluso fines de semana y feriados. Es complicado despachar toda la carga que ingresa”, dice otro funcionario, mientras revisa el expediente en el que constan presuntas irregularidades en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. Ese caso se deriva de la trama de corrupción Odebrecht.

El proceso está en investigación reservada desde el 2017 y no avanza, pues no se ha podido realizar una pericia técnica. “Se ha ejecutado un estudio en contratación pública y una pericia contable, pero no se ha podido hacer un análisis técnico en ingeniería mecánica”.

El agente asegura que una de las limitaciones es que no existe un perito público en esa área y la contratación de uno privado tiene un costo elevado. En la Proforma de este año se redujo el presupuesto para la Fiscalía en comparación con el 2019. De USD 145,4 millones bajó a USD 138,8 millones.

Cuando Diana Salazar asumió el cargo de fiscal general, en abril del 2019, anunció que se contratarían nuevos fiscales para aliviar la carga de trabajo de los actuales. Nueve meses después aún no se ha aumentado su número para atender las 5 400 causas judiciales.

Además de estos procesos, hay otros que son tratados por seis fiscales más, encargados de los temas en los que están involucrados altos exfuncionarios con fuero de Corte. En esa lista están el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exministros, exasambleístas, entre otros.

Sobre Correa pesan nueve causas. Siete están en la fase inicial de la investigación por peculado y delincuencia organizada. Con el exvicepresidente Glas ocurre algo similar. De los 18 expedientes en su contra, 16 se encuentran aún en indagación previa. En esa lista aparecen delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y además delincuencia organizada.

Hasta julio del 2019, los seis agentes tenían 140 expedientes. 23 cada uno. Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, ha sido sentenciado en cinco ocasiones, pero tiene 15 procesos judiciales más. De esos, 12 continúan en la primera fase.

La fiscal general, Diana Salazar, asegura que la entidad no permitirá que ese tipo de delitos queden en la impunidad. (El Comercio)

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