Procurador dice que reparación de Odebrecht al Estado no interferirá en investigaciones de Contraloría y Fiscalía

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Cualquier acuerdo reparatorio al que se llegue con Odebrecht por la trama de corrupción que armó en el país con participación de altos funcionarios públicos para obtener millonarios contratos del Estado no interferirá en los procesos de investigación de la Contraloría General, de la Fiscalía General del Estado, judiciales y administrativas que están en marcha.

Con esa promesa arrancó este miércoles el proceso de reparación “adecuada” al que se comprometió el director regional de Odebrecht, Félix Martins.

La segunda reunión, que se dará en la semana del 22 al 26 de este mismo mes, se propondrá la “metodología de la negociación”, que deberá incorporar parámetros reparatorios, cuantificación de los rubros acordados, el procedimiento de reparación y un marco temporal de cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Al término de la primera reunión, Íñigo Salvador, procurador y único vocero de este proceso, expresó que el Estado ha ratificado su disposición de otorgar una reparación integral de las lesiones causadas.

“Todo esto en el marco de una transformación que la empresa está empeñada, está experimentando, con miras a recuperar la confianza y la legitimidad del Estado ecuatoriano y de la sociedad en general”, dijo el procurador.

La “integralidad” de la reparación se refiere a los daños económicos sufridos por el país, como los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por los actos de la compañía, agregó el abogado del Estado.

En el evento de que el proceso de reparación contemple acciones que no estén reguladas por las leyes ecuatorianas, se acudirá a “las buenas prácticas internacionales” en este tipo de casos.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) reveló que entre el 2001 y 2016, la constructora brasileña pagó millonarios sobornos con dinero en efectivo, a través de transferencias a empresas offshore, utilizando como intermediarios a funcionarios públicos, en doce países del mundo.

Martins expresó que la compañía reconoce los errores que cometió en años anteriores y que asume el compromiso firme e indeclinable de iniciar un proceso de cooperación que sea eficaz frente a las autoridades del Estado ecuatoriano. “Un proceso de reparación adecuado”, añadió.

En Ecuador, la Fiscalía inició de oficio la investigación previa el 2016 y hasta ahora han sido vinculados a las irregularidades cometidas por esta empresa el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, entre otros altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. (El Universo)

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