Luchando contra la corrupción

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0001a LeonardoStagg 7db60 Por Leonardo Stagg

Tanto el ejecutivo como la mayoría legislativa están empeñados, al menos de palabra, en luchar contra la corrupción. Es lo que el pueblo soberano exige.

El ejecutivo ha enviado a la Asamblea, un proyecto para develar muchos de los actos de corrupción que aún siguen ocultos y escondidos porque los protagonistas fueron más hábiles que otros y se han puesto fuera del radar de la justicia; y, a su vez, prevenir la corrupción en el futuro. Para ello se premiará la delación, es decir, se exonerará a los funcionarios públicos que delante los actos corruptos en los que participaron. Esto nos parece bien y muy en la línea de lo que ocurre en otros países que nos toman mucha ventaja en esta lucha, pero, a la vez, es insuficiente.

En nuestro país las fechorías del régimen de Rafal Correa también se perpetraron desde la justicia. Los operadores judiciales se prestaron para perseguir a inocentes montando procesos penales oprobiosos, como el caso de Carolina Astudillo, Emilio Palacios, Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez, “30S”, “los 10 de Luluncoto”, “los 29 de Saraguro”, Galo Lara, para nombrar unos casos, ocultando fraudulentamente elementos para evitar procesar a funcionarios y amigos del régimen, tal como lo hizo el ex Fiscal General Galo Chiriboga, y para dar curso a demandas antojadizas en provecho del propio Rafael Correa, como el caso del Banco del Pichincha y Diario El Universo.

Los delitos de los operadores de justicia son parte de la corrupción, con igual o más grave daño que los de carácter económico que cometieron funcionarios públicos, pues la justicia es la depositaria de la confianza nacional y fiel de la balanza social. En manos de Rafael Correa, la justicia se pudrió. La delación también debe alcanzar a los operadores de justicia, es la única manera expedita de conocer la verdad y sancionar a los que, prevalidos de su poder omnímodo, la sometieron, usaron y corrompieron.

En la misma situación está los organismos de inteligencia y fuerzas del orden, como la “famosa” SENAIN que durante la década corrupta fueron herramienta para espiar, perseguir, maltratar y secuestrar (asimismo existen casos de asesinatos cuya investigación ha quedado inconclusa). Los miembros de estos entes, también deben ser parte de los mecanismos para descubrir y sancionar los actos corruptos que se perpetraron por orden de Rafael Correa y sus ministros, en especial el del Interior; pues, sembraron terror en el país y muchos ciudadanos sufrieron intervenciones telefónicas, el hackeo de correos electrónicos, el asedio, los allanamientos y la hostilidad brutal. No habrá paz mientras la SENAIN, que actuó como un organismo al margen de la ley, no sea destapada y sus miembros sancionados por sus graves delitos. Para citar un ejemplo, vale mencionar el caso del Presidente Martinelli, que fue extraditado a Panamá donde guarda prisión por espionaje. En nuestro país hay muchas víctimas de esto, como Martha Roldós, Lourdes Tibán, Alfonso Pérez, Polibio Córdova, entre muchos, muchísimos otros. Muchos de los correos electrónicos de las personas afectadas por espionaje, tienen sus servidores en Estados Unidos de América, lo que constituye, además, delito en dicho país.

La lucha contra la corrupción debe ir mucho más allá. Se hizo público que la Contraloría General del Estado fue usada para dar informes favorables, eliminar glosas y dar cartas de buena conducta, a la salvaje oleada de contratos corruptos que esquilmaron al país en decenas de millones de dólares. Los contratistas del Estado corrupto debían pagar el peaje de la contraloría, que contaba con intermediarios para ello, y así obtener informes favorables o atenuados que les sirvieran de blindaje futuro, puesto que no podrían volver a ser auditados. Si sabemos que todo eso fue amañado, sería inaceptable que el proyecto de ley contra la corrupción no incluya una norma que permita, en razón de tan poderosa circunstancia, volver a auditar la contratación de la década robada. Sin duda tendrá el país la posibilidad de recuperar gran parte del perjuicio sufrido. Los beneficios de la delación deben incluir a los contratistas y los funcionarios, siempre que devuelvan lo robado.

Cuidado el proyecto y futura ley, en lugar de servir como un medio de lucha contra la corrupción se convierte en una tapadera, en una cortina de humo. Mucho agua falta correr bajo el puente.

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