Las buenas políticas públicas no tienen color político

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0001a MARCO FLORES 65x65 4edf2Por Marco Flores

La crisis fiscal continúa y sigue siendo, fundamentalmente, resultado de la aplicación de malas políticas económicas, persistentes en un Estado desproporcionado, caro, lento e ineficiente que conserva privilegios para unos pocos en desmedro de todos los demás, atrapado en insostenibles niveles de gasto, sobre todo de gasto corriente de muy baja calidad y resultados efectivos, en endeudamiento público que va mucho más allá de los propios límites legales establecidos, impuestos excesivos, restricciones y aislamiento productivo comercial, pérdida sustancial de productividad y competitividad empresariales, estructura laboral inconveniente para la inversión y generación de empleo adecuados, uso anti técnico y peligroso de las reservas internacionales, opacidad y secretismo en la información oficial y las cuentas públicas, es decir, el mismo conjunto de muy malas políticas económicas de la década pasada a las cuales hay que seguir añadiendo la casi destrucción de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Pero la gente está cansada y hastiada.

Luego de nueve meses en funciones el presidente Moreno mantiene al mismo equipo económico que no solo sigue sin cambiar el rumbo de las políticas económicas y enfrentar la crisis fiscal, técnica, responsablemente, sino que, además, pretende reducirla, maquillarla o esconderla, mientras intenta justificar su desempeño con el pretexto de evitar un “paquetazo” económico, que nadie quiere ni ha propuesto. Simplificar su gravedad y mantener un espeso velo sobre ella no la reduce y mucho menos la elimina, porque mensualmente la verdad la desmienta de modo terminante. Ecuador no puede simplemente resignar la sostenibilidad de sus finanzas públicas a la posibilidad de conseguir financiamiento externo al costo que venga.

Las velocidad, monto y condiciones financieras con que se ha endeudado al país en el Gobierno del presidente Moreno son alarmantes y el pago sustantivo del capital adeudado va camino de constituirse en parte de una muy pesada herencia para los dos siguientes Gobiernos. No es verdad que nuevo endeudamiento comercial, más barato, esté siendo utilizado por el Gobierno para pagar obligaciones más caras, porque es evidente que los pagos de capital de los bonos soberanos, colocados en los mercados internacionales, desde el 2014, recién se inician en el año 2020 con $1.500 millones de capital por pagar. Precisamente por ello la aseveración del propio presidente en el sentido de que este año el país se endeudará en 8000 millones de dólares, pero pagará 4000 y el endeudamiento neto será solo por la mitad, no solo es inexacta por reducida, también está expresamente prohibida por la constitución y las leyes vigentes, cuando se utilizan los recursos para pagar el capital de deudas anteriores, sin que las condiciones financieras de la nueva deuda hayan mejorado, así como tampoco está permitido, destinar recursos del endeudamiento público -ni en todo ni en parte- a gasto corriente, como el pago de intereses.

Los montos que se destinan al pago de intereses de la deuda pública total son de tal magnitud -particularmente frente a la recaudación fiscal- que reducen significativamente los recursos fiscales disponibles para atender la inversión social y productiva del Estado, para ayudar a los más pobres. La situación se complicará grandemente, cuando llegue la hora de pagar el capital de la deuda comercial, a partir del año 2020.

Sobra decir que es altamente perjudicial, continuar por este equivocado camino, hasta que incluso pagando tasas elevadas el financiamiento se agote o hasta que el país no pueda pagar sus obligaciones. El aumento de la deuda pública, invariablemente se traduce en mayores y nuevos impuestos, casi siempre bajo el disfraz de “planes de reactivación” o de “reformas tributarias que beneficien a los más pobres”, también afecta notoriamente las posibilidades de inversión productiva y debilitan los niveles de crecimiento económico y empleo adecuado. Pierden las familias porque son claramente perjudicadas.

No afrontar técnica y oportunamente la situación fiscal y prolongar una suerte de espejismo económico, produce que los errores se acumulen, las consecuencias se agraven y garanticen que los recursos fiscales sean permanentemente insuficientes frente a las necesidades. Persistir en estas prácticas no solo es nocivo para la salud económica del país, también es impresentable y muestra un claro irrespeto a las familias ecuatorianas que son obligadas a pagar montos crecientes de endeudamiento público. La economía tiene costos asociados y siempre factura, social y asimétricamente los errores que se cometen.

Las buenas políticas públicas no tienen color político, producen resultados positivos concretos para las familias, pero en libertad y en uso y goce de todos sus derechos ciudadanos. Simplemente crean oportunidades para los ciudadanos y hacen que no sumen angustias, sino que progresen y vivan mejor. También impiden a los gobiernos, introducirse en silencios cómplices, por ejemplo, frente a genocidios y crímenes de lesa humanidad como los que ahora ocurren contra el pueblo venezolano.

Persistir con la inacción del Gobierno en áreas claves de la economía no solo es atentar contra el progreso económico y social de quienes en las urnas el 4 de febrero pasado, acaban de entregar un voto de confianza por un cambio real y efectivo, también comenzará a restar sustancial apoyo popular al propio presidente, pero nada evitará que la economía cobre una factura acumulada cada vez mayor, cuya grave responsabilidad recaerá, precisamente en el presidente Moreno y en su Gobierno. Todo tiene un límite en la vida y es imperativo no confundir los tiempos, ni las prioridades. Ese límite nadie puede evitarlo, independientemente si sus convicciones son socialistas, revolucionarias, liberales, del centro político, de la izquierda o de la derecha.

Claramente y sin esfuerzo los ecuatorianos comprendemos que el presidente Moreno tiene pleno derecho de escoger los colaboradores para su Gobierno que mejor estime convenientes, pero ¿ese derecho incluye que lo haga con un significativo número de funcionarios que durante diez años y medio sirvieron en el Gobierno anterior y causaron tanto daño a los ecuatorianos? Habemos muchos, muchísimos ecuatorianos que creemos que no, señor presidente.

Febrero 20 de 2018

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