Cambios necesarios

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Por Ramiro García F.

Si analizamos la historia del Ecuador, especialmente desde el retorno a la democracia en 1979, creo que sería justo decir que esta ha sido una sucesión de oportunidades perdidas, proyectos fallidos y desilusiones sucesivas. Cada tanto, como sociedad hemos logrado generar escenarios de renovación, que nos permita reinventarnos, recuperar valores democráticos y mejorar la estructura de derechos, sin embargo de lo cual, una tras otra, nos hemos fumado esas posibilidades en medio de mezquindades coyunturales de una clase política caracterizada por su miopía e incapacidad de generar acuerdos sobre mínimos necesarios.

La dolarización, la renovación constitucional de Montecristi, la aparición de una nueva generación de políticos con ideas aparentemente frescas e innovadoras han constituido sin duda puntos de inflexión en nuestra historia social. En lo primero, más allá de lo traumático del acceso al dólar como moneda nacional y el antecedente de la crisis bancaria de fines de los noventa, la amplia mayoría de la ciudadanía considera que esta estructura monetaria debe defenderse y salir de ella se considera, por unos y por otros, como un escenario claramente negativo. Esto, que puede parecer como una obviedad, fue puesto en tela de discusión por el expresidente Correa, para quien esto constituía un atentado a nuestra soberanía y un impedimento insalvable en materia de política económica. En síntesis, se reivindicaba la potestad de un Estado de poder devaluar su moneda a discreción. Obviamente esto no fue bien recibido por la amplia mayoría que, ya sea por haber sufrido los procesos devaluatorios en carne propia o ya por entender que entregar a un gobierno populista y demagogo una maquinita de imprimir billetes, sabía perfectamente que esto no iba a terminar en nada bueno para el país. A la final el propio Correa tuvo que ceder posiciones y plantearse como un defensor de la dolarización, a sabiendas de que lo contrario se constituiría en un escenario claramente impopular y políticamente muy caro.

La cosa no quedó ahí sin embargo. Jamás se renunció a la vieja aspiración de poder emitir moneda de manera discrecional y se encontró en el dinero electrónico un mecanismo idóneo para el efecto. Para ello, la implementación del dinero electrónico se entregó al Banco Central y no a la banca privada, la cual desde un inicio manifestó su negativa de entrar en un sistema que no les garantizaba en absoluto que cada dólar electrónico proveniente de la banca central tenga un respaldo monetario real, y no terminen las instituciones del sistema financiero al final del día asumiendo la quiebra económica del Gobierno. El giro realizado por Moreno en esta materia es adecuado, pues el dinero electrónico circulante deberá estar respaldado por dinero real y será el Estado, a través de sus órganos de control, quien se asegure de esto. La clave está en los controles y ya nos demostraron Correa y su contralor Pólit lo que puede hacer un gobierno autoritario cuando estos controles no existen o, peor aún, son partícipes de una mesa sobre la que se festinaron miles de millones de dólares de fondos públicos, a lo largo de la “década ganada”.

¿Cuál era el peor escenario de un sistema de dinero electrónico mal manejado? Sin duda una inmediata salida de la dolarización y la desestructuración económica y monetaria del país. Al parecer salvamos el bache y el que se mantenga el esquema monetario dependerá fundamentalmente de las políticas económicas que implemente el actual gobierno, que por cierto no da aún señales adecuadas en la materia. En 2017 lo que se nos ha presentado como “reactivación económica” no ha sido otra cosa que la continuidad de una política basada en aumento de impuestos y mayor endeudamiento. Acudir a la vieja y fallida receta económica del correísmo tiene consecuencias sociales y políticas, y salir de estas es una de las grandes asignaturas pendientes del actual régimen.

El otro aspecto fundamental es, sin duda, el cambio en la administración de justicia. La pregunta tres de la consulta, en la forma en que se encuentra planteada, abre la posibilidad de una transformación estructural de los órganos de control y, de manera especial, del ente de control administrativo y disciplinario de la justicia. Pero ojo, no nos llamemos a engaño, la sustitución de unos nombres por otros no resuelve los temas básicos. Sin duda quienes integran el Consejo de la Judicatura deben irse, pero más que preocuparnos sus reemplazantes, debe llamarnos la atención el cambio de modelo de control disciplinario y de gestión procesal. Lo primero, para evitar que los jueces puedan ser chantajeados por vía de la amenaza de sanciones y destituciones; y, lo segundo, para descongestionar un sistema judicial que se encuentra colapsado. La supuesta celeridad que se nos ofreció con el Cogep no solo no se cumplió, sino que los abogados vemos con horror cómo tras la presentación de una demanda, se nos fija fecha de audiencia entre seis meses y un año después. (O)

Fuente: El Universo

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