Tire y hale

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Por Walter Spurrier Baquerizo

El lunes, el Gobierno hizo su propuesta formal a los tenedores de bonos soberanos, de reestructurar la deuda acumulada mediante diez emisiones de bonos por un total de $17 375 millones. Se busca reducir el servicio de la deuda y diferirlo para más delante de la década. Ecuador formalizó su propuesta, luego de que un grupo de bonistas, denominado Ad Hoc, que se estima representa el 60 % del monto de los bonos, manifestó su conformidad.

El plazo corre hasta julio 31, para que los tenedores de bonos manifiesten su aceptación, en cuyo caso sería obligatoria para todos los bonistas. Se requiere que acepten por lo menos los representantes de los dos tercios del total y también un porcentaje de 50 % de cada emisión, excepto de la emisión de 2024, que requiere 75 %.

El Gobierno formalizó su propuesta a pesar de que otro grupo de acreedores, que se denomina Comité Ejecutivo, había manifestado su inconformidad y presentado una propuesta alterna. Típico de una negociación: hay un tire y hale. El Gobierno calcula que el Comité Ejecutivo no está en posición de bloquear el acuerdo y aspira a sumar la aceptación de bonistas que no están en uno y otro bloque, y culminar la operación para agosto 15.

Si el Gobierno no consigue la mayoría, sería un traspié, y la negociación se alargaría, puesto que Ecuador tendría que mejorar su propuesta. Pero más temprano que tarde habrá acuerdo, porque de no haberlo ambas partes perderían: el Ecuador no tendría fuentes de financiamiento, ni siquiera del Fondo, mientras que los bonos se desfondarían y los inversionistas perderían mucho dinero.

Argentina es el otro país que negocia con los bonistas y sigue una estrategia de mayor confrontación. Acaba de hacerles su cuarta propuesta, que fue rechazada, como las anteriores. Pero Fernández no tiene prisa, paga sus cuentas internas con pesos, aunque genera alta inflación y devaluación, y no incurre en atrasos en sus pagos. Ecuador está con apuro de concretar esta negociación, pues tan pronto haya la aceptación de los bonistas, se firmará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, menos ambicioso que el anterior, puesto que sería más corto, un año a lo sumo, y vendría acompañado de un crédito de solo $800 millones. Pero el Gobierno central requiere urgentemente de esos fondos, está en iliquidez extrema, a tal punto que ya anunció que pagará $500 millones de atrasos de años anteriores con bonos y Cetes.

Comenzamos la etapa de empresas que busquen deshacerse de estos papeles pagando con ellos sus deudas o compras. Proceso similar vivió Argentina durante la convertibilidad, con los patacones. Es la consecuencia inevitable de no haber reducido el tamaño del Estado. Como ya el Estado no puede endeudarse para cubrir sus gastos, tiene que pagar con papeles.

El acuerdo es un regalo para el próximo Gobierno, puesto que pospone la amortización. Ya no empieza en 2022 sino en 2026, y lo más fuerte se pospone a 2031. El principal alivio para este Gobierno es que algo más de $1 mil millones de intereses que debía pagar de marzo en adelante, se reducen en valor y se convierten en un bono que no paga intereses y vence en 2027. Sería un triunfo para este Gobierno reestructurar la deuda en bonos y aquella con la China, y firmar un nuevo acuerdo con el Fondo. Buena suerte. (O)

Fuente: El Universo

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