Renegociar el acuerdo con el FMI y reestructurar la deuda

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0001a MARCO FLORES 65X65 336b7Por Marco Flores T.

Aunque el cálculo no incluya varios nuevos impuestos y posiblemente otros que gravitan ocultos sobre la presión fiscal, la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, estableció que ya en el año 2015 la carga tributaria en Ecuador era del 22.7% del PIB. Pero esa presión fiscal es aún más alta considerando que actualmente sólo el 38% de la fuerza laboral o población económicamente activa tiene empleo formal y tributa directamente, aunque al menos la mitad de ella está exonerada bajo el límite legal de excensión.

Las 30 reformas tributarias de los últimos 12 años han saturado al país de impuestos en una economía que no crece y se contrae, afectando malamente el presupuesto familiar porque las empresas trasladan los costos de producción al precio final de venta de los bienes y servicios que producen, dañando la competitividad de la producción de consumo interno y exportable que perjudica el ingreso estable y creciente de divisas que requiere la dolarizada economía ecuatoriana y encareciendo el costo de vida en un país con precios del primer mundo pero con ingresos promedio por habitante del tercero.

Desde mayo pasado se anuncia que el gobierno propondrá a la Asamblea Nacional un paquete de reformas económicas, entre ellas, algunas tributarias para mediante el incremento de impuestos y otras acciones impositivas, extraer de las familias entre 1600 y 2200 millones de dólares adicionales, entre el 1,5% y 2% del PIB, cumpliendo una de las expresas estipulaciones contenida en el Acuerdo suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con base en los resultados del estudio de más de 100 planes de ajuste aplicados en 16 diferentes países los profesores Alesina, de Harvard University, Favero y Giavazzi, de Bocconi University, recientemente presentaron un demoledor ensayo (Austerity When It Works and When It Doesn't) que entre otros importantes resultados, muestra con nitidez el daño que los programas de consolidación fiscal causan sobre el crecimiento económico y la posibilidad de reducir la deuda pública, mediante el incremento de impuestos frente a la alternativa de reducir los gastos públicos.

Si los anuncios se convierten en realidad no sólo se alterará la paz social sino que se profundizará la virtual paralización de la economía, el desempleo y la pobreza. Debe repararse en las consecuencias que en estos mismos días agobian a las familias argentinas, especialmente a las más pobres, sometidas al sensible agravamiento de su previa y difícil situación ecónomica, como producto de la instrumentación de un programa de consolidación fiscal, regresivo y contractivo, cuyos resultados desbordan en inflación, inestabilidad cambiaria, desempleo, deuda pública y pobreza. No existe argumento válido, ni técnico ni empírico, para aceptar como dogma el regresivo y contractivo programa de consolidación fiscal que propone e incluye el FMI en el Acuerdo suscrito con Ecuador. Para restituir el equilibrio fiscal y promover el indispensable crecimiento económico hay programas autónomos que han mostrado su eficacia y posibilidad efectiva de realización.

El acuerdo suscrito con el FMI fue y sigue siendo, social, económica y políticamente inviable, tanto que ciertas metas ya han sido flexibilizadas. Pero si además el 30% del Presupuesto General del Estado (PGE) se destina anualmente al pago de capital e intereses de la deuda pública; si elevados vencimientos del capital de bonos soberanos se aproximan y no habrá dinero para pagarlos; si en promedio al PGE todos los meses le hacen falta entre 700 y 800 millones de dólares para cubrir gastos presupuestados; si al menos un 10% del PGE se requiere sólo para mover el pesado aparato burocrático; si otro 30% del PGE se destina a sueldos de la burocracia; si mientras la producción petrolera no se incrementa un 98% del petróleo ecuatoriano exportable está comprometido con los acreedores chinos por el dinero que se les debe; si anualmente se requiere conseguir entre 8000 y 9000 millones de dólares para financiar el PGE; si la economía ecuatoriana no crece y se contrae; si el Gobierno contrata deuda para pagar deuda, entonces la situación fiscal es claramente insostenible y vuelve imperativo obtener un necesario respiro o alivio financiero (debt relief), reestructurando la deuda con los acreedores chinos, la costosa deuda emitida en bonos soberanos y el inviable acuerdo suscrito con el FMI sobre la base de la realidad social ecuatoriana. Otros países ya lo están haciendo.

La mala conducción económica no permite progresar, empobrece y fortalece las posibilidades electorales del populismo pero parece que el Gobierno no lo ve, no quiere verlo o no le importa. La contractiva y regresiva y receta económica estándar ha traído mayor estancamiento económico que no puede disparse, simplemente predicando resignación y paciencia frente a los indeseables resultados que muestran asfixia en la economía, pérdida de competitividad, reducción del consumo de las familias, fuerte desaceleración en ventas de las empresas, incipiente inversión, ausencia de crecimiento económico, destrucción de empleo formal y aumento del subempleo, alarmante inseguridad ciudadana, mayores niveles de pobreza y un PGE recurrentemente dependiente de un altísimo y costoso financiamiento externo que ha llevado el saldo por pagar de la deuda pública a superar los 63.000 millones de dólares.

Trasncurridos 28 meses la seguridad de las familias y la estabilidad macroeconómica no pueden seguir sometidas a una conducción económica carente de resultados positivos, cuando es evidente que Ecuador requiere reactivar su economía, eliminando las causas que destruyen competitividad productiva y propiciando un crecimiento económico generador de empleo productivo. Este proceso de recuperación no debe incrementar ni crear nuevos tributos, requiere hacer justamente lo contrario, bajar ciertos impuestos como el IVA, eliminar otros como el anticipo de impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, mientras un eficaz programa económico multianual, paralelamente y entre otras tareas, fondea las medidas y reduce el gasto público hasta que el tamaño del Estado no supere el equivalente al 25 % del PIB.

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