Las pensiones reguladas...

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0001A VicenteAlbornozPor Vicente Albornoz

Los colegios tienen el derecho a revisar los precios de los servicios que prestan y la fuerza que debería frenarles en eso es la competencia de los demás colegios, incluso de los colegios estatales que tienen un costo de cero.

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La semana antepasada, el presidente de la República anunció que no iba a permitir aumentos en las pensiones de los colegios.

Muchos padres aplaudieron la medida, pero a unos pocos les dolió. Esos pocos deben ser los gerentes financieros de los colegios. Porque toda regulación de precios por parte del Estado tendrá un grupo que se alegre y un grupo que se moleste y la pregunta central es si el gobierno debería meterse en temas que, al menos en teoría, podrían resolverlo entre vendedores y compradores.

El problema es que el mercado de educación escolar es como la mayoría de otros mercados. La educación de un niño no es equiparable a comprar un pan o un minuto de llamadas por celular. Y no porque la educación sea un bien romántico, colocado dentro de un halo de santidad, sino porque es un contrato que dura un año, que es virtualmente imposible de romper en la mitad del período y donde cualquier cambio tiene altos “costos de transacción”.

En otras palabras, para un padre que va a matricular a su hijo en el mes de septiembre y sorpresivamente se entera que la pensión ha subido mucho, el cambiar al niño de colegio es algo virtualmente imposible.

Por otro lado, los colegios tienen el derecho a revisar los precios de los servicios que prestan y la fuerza que debería frenarles en eso es la competencia de los demás colegios, incluso de los colegios estatales que tienen un costo de cero.

¿Pero, cómo lograr que compitan, si los clientes no pueden cambiarse de proveedor? Muy sencillo, logrando que los colegios anuncien con mucha anticipación las pensiones que van a cobrar el año siguiente. Que lo hagan con libertad, pero con anticipación.

Imaginémonos, en el calendario de la Sierra, que los colegios pudieran fijar sus pensiones para septiembre 2020 con absoluta libertad, pero que estuvieran obligados a anunciarlas en el mes de enero del mismo año. Eso daría tiempo a los padres para decidir si sus hijos, nueve meses más tarde, se cambian de colegio y, si fuera el caso, tendrían un largo plazo para encontrar un nuevo centro de estudios.

Lo relevante aquí es que con un sistema que asegure la transparencia de las pensiones a cobrarse el siguiente año, los colegios serían más cautelosos en los aumentos que propongan porque si se les va la mano perderían a alumnos, algo destructivo para una institución educativa.

Un mecanismo como la obligación de anunciar con gran anticipación las pensiones futuras, podría generar la suficiente competencia entre colegios como para frenar los aumentos abusivos que siempre podrán darse. Y, al mismo tiempo, liberaría al Ministerio de Educación de un complejo e ingrato trabajo de aprobar y negar aumentos de pensiones.

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