En busca de las reservas perdidas

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Por Vicente Albornoz Guarderas

Corría el mes de agosto de 2014 y el Ecuador vivía los últimos días del espejismo petrolero. Paralelamente, un gobierno que sólo existía para gastar los recursos públicos, se daba cuenta que su modelo económico ya no iba a tener ese crudo con precios exorbitantes que había sido el sostén principal para financiar su derroche.

En el mes anterior, julio 2014, el Ecuador había vendido, por última vez, un barril de petróleo en más de USD 90. Con ese desplome del precio (seis meses más tarde iba a bordear los USD 40) terminó la irrealidad en la que habíamos vivido hasta esa fecha.

El gobierno captó rápidamente que la fuente principal de su capacidad de gastar dinero público se estaba extinguiendo y se lanzó a buscar otras fuentes para financiar su locura derrochadora. Y encontró una con abundantes recursos, que hasta el momento habían estado fuera de sus garras: el Banco Central, nuestro BCE.

El Banco, gracias a las leyes aprobadas en el año 2000, había estado bastante aislado de la codicia gubernamental y tenía, a fines de junio 2014, casi USD 6 200 millones de reservas internacionales, una tentación demasiado grande para los “loquitos del gasto”. Pero esas reservas no eran excesivas y su existencia tenía un propósito: debían cubrir las obligaciones del Banco Central, sobre todo el dinero que los bancos privados tenían depositado ahí. Esos depósitos (el encaje bancario y alguno adicional) sirven, entre otras cosas, para momentos de emergencia, para cubrir retiros inesperados de los bancos, por lo que es clave que sean líquidos y que el BCE los pueda entregar en una emergencia.

Las posibles urgencias del sector financiero no le importaban al gobierno de la época, de manera que decidió proponer una ley que desaparecería la obligación de mantener esa cobertura, obligación que originalmente había sido creada en la famosa Ley Trole que nos dolarizó.

La reforma se hizo en septiembre de 2014 con el Código Monetario y Financiero, una ley que hubiera sido dañina para un país con moneda propia, pero que para uno dolarizado era una bomba de tiempo. Además de crear el destructivo dinero electrónico, se autorizaba al BCE a prestarle al gobierno.

Y esos préstamos se concedieron abundantemente. Entre julio 2014 y mayo 2017, la deuda del gobierno con el BCE pasó de USD 64 a USD 5 870 millones. Y, mientras financiaba gastos inútiles, debilitaba el balance del Banco Central. Pero en mayo de 2017, una semana antes de que terminara el gobierno, se hizo una “dación en pago” del gobierno al BCE: se entregó acciones de la CFN y de otras instituciones financieras públicas para así reducir la enorme deuda. Innecesario decir que esa dación es absurda, pero eso, pero eso merece un artículo posterior. Y posiblemente una sanción ejemplar.

Fuente: El Comercio

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